jaime rodríguez arana

Sometimiento pleno a la ley y al derecho

1, también de la Constitución: “los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. En efecto, el Derecho Administrativo bascula sobre el concepto del interés general que, además de definir esencialmente lo que debe ser la actuación administrativa, constituye, igualmente, un relevante patrón de enjuiciamiento de la función judicial en relación con la actividad administrativa. La lectura de este precepto constitucional, el 103, muestra que la sumisión, la sujeción, el sometimiento del poder público a la ley y al derecho, más allá de constituir un límite al ejercicio del poder, es el camino por donde debe discurrir, en un Estado social y democrático de Derecho, la Administración público.

Ética y política

Pero la libertad, en este sentido, no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias.  Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como marco de libertades.

La forma en el Derecho Administrativo

Se precisa una relación de armonía, de complementariedad sobre la base de que la forma es la principal aliada de los elementos materiales precisamente para que a su través brille con luz propia el Estado de Derecho.Eso sí, en el Derecho Público la forma tiene, como hemos advertido, una mayor relevancia que en el Derecho Privado, lo que significa que las cuestiones formales son de primer orden en el estudio de todas y cada una de las instituciones del derecho Administrativo.El artículo 103 de la Constitución, glosado con anterioridad, explica el sentido profundo y real que tienen los principios y los valores en el Derecho Administrativo.

Formalismo y principios

La materia y la forma, el procedimiento y los valores, deben estar inseparablemente unidos de manera que, a través de la forma, a través del procedimiento, a través del proceso, discurran y se transmitan los valores del Estado de Derecho.El formalismo, sin embargo, busca sacrificar los valores, los principios, en el altar de cientificidad o autonomía de la ciencia jurídica que, desde esta perspectiva, debería olvidarse de los valores o, por mejor decir, de la misma justicia.

El derecho global de inversiones (y II)

Así, de esta manera, la crítica vertida desde estos países como la inaceptable sumisión de la soberanía normativa a los intereses financieros internacionales o la necesidad de aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos por encima de consideraciones eficientistas, puede coadyuvar a que estos arbitrajes ayuden a mejorar la independencia e imparcialidad de los Tribunales de JusticiaUn punto de especial relevancia en materia de arbitraje internacional de inversiones lo ofrece la responsabilidad estatal por los cambios regulatorios operados en virtud de un Tratado Bilateral de naturaleza recíproca (Appri) pues a través de estos Tratados es posible modificar el Derecho Interno, el Derecho del Estado.

El derecho global de inversiones (I)

Por eso, los árbitros, conocedores del Derecho Público Global, e inspirados en sus normas y principios, disponen de los medios adecuados para resolver las disputas y controversias que se susciten en estas materias de forma armoniosa y equilibrada.Los años transcurridos desde 1965, año de creación del sistema CIADI, Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial, ponen de relieve que, en efecto, se han producido importantes cambios que afectan al régimen de su trabajo introduciéndose en 2005 la publicación de los laudos, el acceso al proceso a terceros intervinientes o la audiencia pública de sus actuaciones.En Iberoamérica, por ejemplo, el hecho de que Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela no reconozcan el sistema CIADI, invita a que los arbitrajes en esta materia, lejos de conformar blindajes jurídicos para los inversores, se abran a los principios del Derecho Administrativo Global.

Derecho a la vida y realidad social (I)

Tal perspectiva rompe cualquier tipo de prepotencia en el análisis o en el dictamen de soluciones a la que el político pueda verse tentado.El político ha de tener claro que no es infalible, que sus opiniones, sus valoraciones, están siempre mediatizadas por la información de que parte, que es siempre limitada, necesariamente incompleta y precisada del contraste con el gran canon de legitimidad de la política democrática: la dignidad del ser humano, especialmente de aquellos necesitados de especial protección, de aquellos que son la misma expresión de la indefensión.Por ello, al hablar de las condiciones objetivas de las diversas situaciones a las que el político se enfrenta, se podría interpretar que quienes tienen a su cargo la rectoría de la cosa pública deben atender sólo a lo que podríamos llamar condiciones reales, prescindiendo de las referencias a la subjetividad, a la conciencia de las gentes, al sentir social.

Europa y las nuevas tecnologías

Su sentido y función, también en el mundo de los poderes públicos, están directamente vinculados a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.En este contexto, la Unión Europea se ha comprometido en un ambicioso plan de trabajo con las autoridades públicas de los países miembros con el fin de ampliar y mejorar los servicios que las Administraciones públicas ofrecen a los ciudadanos a través de internet.

La potestad normativa de la Administración (I)

En todo caso, estando inscrita en la médula del interés general la promoción de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, la Administración pública del Estado social y democrático de Derecho debe en su actuación, en virtud también del principio de actuación conforme a la Constitución y a los valores que la caracterizan, estar siempre en disposición de defender, proteger y facilitar el ejercicio de todos los derechos fundamentales de la persona.  La expresión, por ejemplo, “atendidas las razones de interés general” significa que la Administración, así habrá de justificarlo, puede realizar una tarea, si se quiere, de determinación secundaria del interés general al caso concreto.  En el caso de los derechos fundamentales de la persona, que son obviamente interés general amplio, la Administración lo que debe hacer es sencillamente aplicarlos en lo concreto en todas y cada una de sus actuaciones.

Buenas prácticas normativas

Primero porque se hacen cambios en las normas sin una perspectiva de conjunto de la norma a reformar y, segundo, porque en unas enmarañadas y sinuosas disposiciones finales de la ley de presupuestos en la que se alteran leyes de toda clase y condición, no es fácil que prevalezca la claridad, la condición y la complitud, sino todo lo contrario, que es lo que suele ocurrir, con grave deterioro del Estado de Derecho y del Ordenamiento jurídico.Por lo que se refiere a la formulación interna de la norma, a su estructura, son francamente atinadas las consideraciones efectuadas por el profesor Fernando Santaolalla, para quien el contenido de la norma ha de ser homogéneo, completo y lógico.

El formalismo jurídico (I)

A partir de entonces la pugna entre positivistas y iusnaturalistas ha sido constante y, en ocasiones amarga, pero en este tiempo parece que lo más sensato es lo que algunos denominamos positivismo abierto que, pare el tema que nos ocupa, plantea que la ley debe ser expresión de la justicia para merecer tal nombre.Para Bobbío, entre el legalismo iusnaturalista y el formalismo ético, a pesar de su antagonismo, existe una coincidencia al interpretar la justicia ambas corrientes como un orden igualitario representado por una regla formal a la que se someten y que vincula por igual a todos los destinatarios de la misma.

El método jurídico

Pensar que el juez no puede elaborar sus decisiones fuera del método científico, para evitar que disponga de algún espacio de valoración es tanto como intentar convertir el Derecho en una cierta inerte, sin vida, puramente formal.La idolatría por la cuestión metódica en el ámbito jurídico queda patente en que su construcción se apoya en el propio método, y toda ella no es en realidad sino metodología .

Personas y sociedad del conocimiento

En esta tarea las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental.En la sociedad del conocimiento, donde Internet, la red, tiene tanta importancia, tenemos que ser conscientes de que la clave está en concebir los conocimientos como capacidad para mejorar la vida de los hombres, no en acumular todo un conjunto de información que viene por la red y que no se sabe para qué sirve.

Ética y derecho público

La forma en que los principios éticos y sus principales manifestaciones sean asumidos por el Derecho representa el compromiso real de los Poderes del Estado en relación con la dignidad del ser humano y el libre y solidario ejercicio de todos sus derechos fundamentales.Probablemente nunca a lo largo de toda la historia tantos y tanto se ha hablado, discutido y escrito tanto de ética.

La importancia de la contratación pública

En la contratación pública, si los poderes adjudicadores tienen voluntad de trabajar en pro del comercio justo, entonces podrán incluir toda suerte de cláusulas en esta dirección que permitirán atender debidamente a los destinatarios del servicio de que se trata, preservar unos mínimos de dignidad social que hoy, en una crisis que están pagando quienes menos culpa tienen, es tan perentoria e importante.En mi opinión, las políticas públicas en materia contractual reclaman numerosas reformas: en lo que se refiere a la simplificación de los procedimientos, en lo que se refiere a las denominadas relaciones intergubernamentales entre las distintas Administraciones que en ocasiones intervienen en la contratación pública, en lo que se refiere a la gestión integrada, en lo que afecta a la inclusión equilibrada de cláusulas de comercio justo o de control social.

La ley y el derecho

Un modelo que se pisotea y transgrede, sutilmente las más de las veces, groseramente de vez en cuando, cuándo se permite que la voluntad de mando, de poder, se convierta en canon único y exclusivo, sin límites, de la actuación de quienes están investidos de alguna suerte de potestades, sean de la naturaleza que sean.    Hoy, lo vemos cristalinamente, no solo en lo formal, sino en el talante con que se desprecia a quienes no comulgan con la oficialidad, con la verticalidad, a quienes piensan en libertad y exponen ideas que no se identifican con el pensamiento único, con lo políticamente correcto.En efecto, a pesar de que los Ordenamientos constitucionales someten a la ley y al Derecho las manifestaciones del poder político, económico y financiero, en realidad, como bien sabemos, el respeto que merece el Derecho brilla tantas veces por su ausencia pues con frecuencia quienes disponen del poder hacen, de una u otra manera, lo que les viene en gana tal como hoy comprobamos con toda claridad.

El estilo de las normas

Es decir, en el marco del estilo general normativo, encontramos a su vez especialidades y singularidades del llamado estilo administrativo y del estilo legislativo, pudiendo incluso dentro del estilo administrativo distinguir según el sector del Ordenamiento jurídico-administrativo en que nos encontremos.Por otra parte, no se puede olvidar que el estilo de las normas es la expresión sobre la manera en que el Derecho ha de cumplir su función en la sociedad.

Transparencia y corrupción

Por si fuera poco, la ausencia de un supervisor independiente que controle que los ex altos cargos y ex altos funcionarios cumplan las reglas ex post a su trabajo en la Unión Europea para el acceso a la empresa privada, provoca muchas situaciones de obvios conflictos de interés.Transparencia Internacional llama la atención de que solo una institución de la Unión Europea dispone de mecanismos realmente eficaces para proteger a delatores internos que denuncien prácticas de corrupción.

Formalismo y teoría del Derecho

No importa el contenido de una relación jurídica sino que , como señala Llano, ante un negocio jurídico como la compraventa, el Derecho no nos indica que es lo que debemos comprar, sino como debemos hacerlo para que el contrato sea vinculante para ambas partes y surta las pertinentes consecuencias jurídicas.Para Kelsen, profundamente normativista, y por ello, formalista, el Derecho es pura forma, aislando lo normativo de lo social de manera que un hecho es jurídico en la medida en que una norma le atribuya determinadas consecuencias.

El ser humano (y II)

No atender estas demandas, y lo que es más grave, castigar al pueblo llano con la factura de lo que está aconteciendo constituye una de las más lamentables manifestaciones de la ausencia de ética en el ejercicio del quehacer público.Las llamadas a la solidaridad y la atención a los problemas que quiebran la espina dorsal de la humanidad en tantos lugares del mundo y que los medios de comunicación nos hacen reiteradamente presentes, hoy dominados por la pandemia, reclaman nuestro esfuerzo continuado para hacer del mundo un lugar habitable para todos.

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