jaime rodríguez arana

El predominio formalista

Me refiero a la excesiva ritualización, a la obsesión o idealización de la forma, que poco a poco va desnaturalizando el fin al que debe servir: la realización de la justicia.Por eso, cuando se renuncia a la sustancia jurídica en beneficio de la simple forma, se acaba negando nada menos que la justicia porque el silogismo que identifica el Derecho con la Ley, dice Sánchez Pedroche, es incapaz de dar cuenta de los variados problemas que pueden darse en la realidad social en la que es necesario aplicar la norma.

Constitución y valores (I)

El principio de juridicidad tiene una profunda significación porque desde la llegada del Estado de Derecho el poder público, y por ello la Administración pública, han de caminar en el marco de la ley, de forma y manera que la subjetividad reinante en el Antiguo Régimen, se sustituye ahora por la objetividad y racionalidad desde las que la ley y el reglamento operan para el mejor servicio a los intereses generales.No podía ser de otra manera: la justicia, la libertad y la paz son los principios supremos que deben impregnar y orientar nuestro Ordenamiento jurídico y político.

Profesionalización y contratación pública (I)

y recomendaciones que es pertinente tener presente en la parte final de este trabajo.En este sentido, se propone que la profesionalización no debe estar vinculada exclusivamente a la adecuada formación en la materia, más bien ha de contemplarse en el contexto de la carrera administrativa de los empleados públicos en sentido integral, y que sea capaz de combinar los itinerarios formativos pertinentes, junto con los correspondientes incentivos vinculados a la responsabilidades por los profesionales directamente implicados en estas tareas en fase de preparación, tramitación, ejecución contractual o control.En definitiva, para profesionalizar la contratación pública, estabilidad funcionarial y formación puntual para los directivos en el sector público junto a formación completa para quienes laboran en los departamentos de contratación pública del sector público.