La contratación como política pública debe contribuir, en el marco de una colaboración privada que obtiene razonables beneficios, a una mayor humanización de la realidad pues es posible, vaya si lo es, diseñar las técnicas contractuales de manera que la centralidad de la dignidad del ser humanos brille su presencia. Simplemente con establecer estímulos fiscales a las más variadas expresiones del denominado comercio justo, ya estaríamos trabajando en esa dirección.

En tiempos de crisis económica, es lógico que se racionalicen las estructuras administrativas y, si es posible, que se dispongan en mejores condiciones de servir con mayor calidad a los usuarios. En este sentido, las normas en materia de contratación pública también están haciendo un esfuerzo para simplificar el procedimiento y mejorar las ratios de adjudicación. Además, la crisis económica y financiera reclama que existan los debidos contrales materiales en el mundo de la contratación que garanticen adecuadamente que el contenido de los pliegos sea real. Para ello los tribunales administrativos creados en muchos países, en la medida que subrayen la autonomía, idoneidad e independencia de sus miembros, podrán prestar un gran servicio a la objetividad en el desarrollo de los contratos públicos.

Las reformas en materia contractual que vienen de Europa se plantean precisamente en esta dirección. Al trasponer sus directivas, hemos construido un Derecho de la contratación pública en constante evolución que se adapta a los tiempos, sin perder por ello de vista la esencia, la sustancia de esta categoría jurídico-administrativa: su ordenación permanente al interés general. Y esta tarea se ha realizado, se realiza, desde una posición reformista, posición de gran calado y relevancia en el conjunto de las diferentes políticas públicas.

La acción pública, también en materia contractual, deba dirigirse a la consecución de mejoras reales, siempre reconociendo la limitación de su alcance. Una política pública que pretenda la mejora total definitiva de las estructuras y las realidades humanas sólo puede ser producto de proyectos visionarios, despegados de la realidad.

En la contratación pública, si los poderes adjudicadores tienen voluntad de trabajar en pro del comercio justo, entonces podrán incluir toda suerte de cláusulas en esta dirección que permitirán atender debidamente a los destinatarios del servicio de que se trata, preservar unos mínimos de dignidad social que hoy, en una crisis que están pagando quienes menos culpa tienen, es tan perentoria e importante.

En mi opinión, las políticas públicas en materia contractual reclaman numerosas reformas: en lo que se refiere a la simplificación de los procedimientos, en lo que se refiere a las denominadas relaciones intergubernamentales entre las distintas Administraciones que en ocasiones intervienen en la contratación pública, en lo que se refiere a la gestión integrada, en lo que afecta a la inclusión equilibrada de cláusulas de comercio justo o de control social. Para que, en efecto, también la contratación pública esté impregnada de los valores del Estado social y democrático de Derecho.