El viñetista Santi Gutiérrez dibujó en ‘El Progreso’ y ‘Diario de Pontevedra’ a un trabajador de una brigada antiincendios que se afana en apagar el fuego mientras piensa: “Llámame conspiranoico, pero yo creo que hay gente a la que le interesa que arda el monte”. Con un dibujo y una leyenda, mezcla de ingenuidad y retranca galaica, dio en el clavo.

Galicia arde porque le plantan fuego. Por mala fe, imprudencia o por intereses ocultos, lo cierto es que nuestros montes se queman cada verano. Las imágenes de aldeas rodeadas de un fuego virulento, de familias protegiendo sus casas y haciendas y de brigadistas exhaustos son como un eco trágico que se reaviva igual que años anteriores.

Pero los incendios no son una maldición bíblica inevitable, ni una mera cuestión de climatología. Son la manifestación de un triple fracaso colectivo: político, educativo y judicial.

En primer lugar, un fracaso político. Galicia posee una riqueza natural inmensa, pero carece de una estrategia que reorganice su estructura productiva. Durante décadas, los sucesivos gobiernos no fueron capaces de establecer una planificación económica realista y sostenible de los montes. Hay miles de hectáreas abandonadas sin un uso claro ni una función económica alguna y en ausencia de actividad productiva y aprovechamiento racional, el monte se convierte en un polvorín. Un territorio que no genera riqueza ni empleo es también un territorio más vulnerable al fuego.

En segundo lugar, un fracaso educativo. No existe una política educativa dirigida a los escolares y a toda la sociedad –en ella están los desalmados que queman nuestros montes– que promueva el respeto por el medio natural, el paisaje y la biodiversidad. Los valores ambientales no ocupan el lugar que deberían en el currículo escolar ni en la conciencia colectiva y sin una ciudadanía sensibilizada y educada, la protección del monte es tarea imposible.

En tercer lugar, fracaso de los investigadores y de la justicia. Hay pocos detenidos y los que caen por quemar los montes quedan en libertad o reciban penas irrisorias y eso alimenta la impunidad y da alas a los desalmados. Galicia tiene derecho a que se descubran y castiguen los culpables de delitos tan graves contra la naturaleza y contra las comunidades que viven bajo su amparo.

Dicho esto, acabar con esta triple ineficiencia requiere una respuesta política estratégica que supere el corto plazo electoral. Los políticos deben sentarse con propietarios, expertos forestales, juristas y educadores para trazar un plan integral de largo alcance que reorganice y ponga a producir los montes para que generen riqueza y empleo con el objetivo de dejar a las generaciones venideras un monte nuevo, reordenado y productivo. La experiencia demuestra, también en Galicia, que donde el monte es rentable, se cuida y donde se cuida, no arde.