El pleno de este jueves debatirá una moción de Ferrol en Común en la que se insta al gobierno local a incluir la regulación del uso de material pirotécnico en el concello y que se contemple dentro de la futura ordenanza de ruidos para, de este modo, poder minimizar “os efectos e molestias que ocasionan a parte da poboación, animais e ao medio ambiente”. 

La formación liderada por Jorge Suárez explica que este material puede tener un “impacto devastador na saúde, o benestar e a seguridade de persoas e animais”. Es el caso, apunta, de personas con alta sensibilidad, como las que tienen TEA –Trastorno del Espectro Autista–, patologías cardiorrespiratorias, ansiedad o estrés, que pueden verse afectadas por “crisis, convulsións e hospitalizacións”. En el caso de los animales, apunta FeC, “estamos a falar de ansiedade, pánico, fugas e accidentes”. El aumento de la contaminación atmosférica es otro de los argumentos que llevan a la formación política a pedir también el apoyo del pleno para que se informe de los horarios y eventos en los que se empleará material pirotécnico y que se prohíba en la ordenanza que se está tramitando “explosionar calquera tipo de aparello sen autorización previa”.

En esa línea, preguntará al ejecutivo por la posibilidad de emplear alternativas como una “pirotecnia insonora ou de baixa intensidade”.

La otra moción que lleva a pleno FeC parte de su preocupación por el incremento de casos de racismo e instigación en los medios y las redes sociales. 

Así, reclama que Educación desarrolle un programa con colectivos migrantes para que acerquen su cultura y sus tradiciones a los centros escolares el próximo curso y declarar de nuevo a Ferrol ciudad libre de racismo, colocando una pancarta en el balcón del Concello, entre otros acuerdos. 

El BNG exige mejoras en el SAF

El BNG defenderá una moción para que el Concello inste a la Xunta a “reverter os recortes no orzamento do Servizo de Axuda no Fogar” y que se eleve la financiación por hora hasta los 20 euros, reduciendo los tiempos de espera para la valoración. La concejala María López critica a la Xunta por decir que el 82% de las cuidadoras son mujeres que tienen que renunciar a su trabajo porque las residencias están completas o tienen precios desorbitados. “As axudas que se dan para estes servizos oscilan entre os 360 e os 420 euros, fronte ao custo dunha residencia, de 2.000 euros”, dice.