Entramos a celebrar, con cautelas sanitarias, el 43 aniversario de la Constitución. Y lo hacemos con muchos temas pendientes, entre ellos la propia reforma de algunos aspectos clave de esa misma Constitución. Sin embargo, la principal anomalía de entre las muchas que jalonan nuestra democracia es que el firmante de nuestra ley de leyes aquel 6 de diciembre de 1978, el rey Juan Carlos I, que también aparece citado en el texto constitucional, no estará ahí para celebrar la jornada. No porque haya fallecido, claro, sino porque permanece como civilmente muerto, lejos de la España en la que fue jefe del Estado durante casi cuarenta años. Y la polémica, inmensa, soterrada, sigue.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aparecía en las portadas de muchos diarios este fin de semana porque, en la celebración en la Comunidad de esta efeméride, ‘se atrevió’ a citar a don Juan Carlos como una figura fundamental, junto con la reina Sofía, en el proceso democrático de España. De hecho, el llamado rey emérito, que lleva un año y cuatro meses en Abu Dhabi, no ha sido para nada olvidado, quizá contra lo que se pretendía: Rajoy también reivindicó su figura estos días, en medio de grandes titulares periodísticos, y varios libros de reciente aparición e indudable éxito narran diversas peripecias, no demasiado ejemplares, y no bien conocidas hasta ahora, protagonizadas por el padre de Felipe VI.

Así, Juan Carlos I sigue planteando un problema no solamente a la Casa del Rey, que fue quien en primer lugar decidió permitir y fomentar la marcha del emérito fuera del país, sino también al Gobierno de Pedro Sánchez, que se pone de perfil a la hora de explicar aquella sin duda equivocada decisión. Resulta inevitable, en estas fechas institucionales, recordar su ahora cada vez más polémica figura, que pesa como un inmenso fardo sobre el Estado. Y más cuando en las líneas que preceden al preámbulo de nuestra Constitución se lee: “Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución”. Además, aparece citado nominalmente en el artículo 57: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de SM Juan Carlos I de Borbón...”.

¿Cómo no va a pesar esta ausencia paterna también en el tradicional discurso de Nochebuena de Felipe VI, el próximo día 24? El monarca, que es sin duda un rey impecable, participó, por activa o por pasiva, en aquella errónea decisión que sigue lastrando la plena normalidad política, como si no hubiese ya otros temas que la lastran: ahí está, sin ir más lejos, ese otro triste tercer aniversario, cumplido el 3 de este mes, que nos recuerda que el gobierno de los jueces lleva tres años sin renovar, quizá inconstitucionalmente.

Es bueno celebrar, aunque sea con todas las restricciones y cautelas dictadas por la pandemia maldita, que nuestra ley fundamental lleve cuarenta y tres años vigente, aunque, como dije, necesita retoques que la vigoricen y actualicen en no pocos aspectos, algo siempre difícil en un país, el nuestro, en el que la falta de entendimiento y consenso entre las fuerzas políticas nacionales es ya un signo lamentablemente distintivo. Y una de las cuestiones que, a mi juicio, más urgentemente necesitan un acuerdo, para el que son necesarias la Fiscalía –que esa es otra– y varias instituciones además de los partidos mayoritarios, es dar respuesta a la gran pregunta: ¿Qué hacemos con el hombre que firmó aquella Constitución, que es, por cierto, la que hoy tenemos?