el Gobierno ha aprobado a toda velocidad un decreto-ley para llenar el vacío dejado por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el cálculo de la plusvalía municipal. Y lo que suele ocurrir cuando las cosas se hacen a toda prisa es que se hacen mal. Lo primero que ya han puesto sobre la mesa los juristas es la fórmula utilizada ya que, según la propia Constitución, los impuestos se rigen por leyes y sus modificaciones obviamente también. Podemos tener aquí, por tanto, otra fuente de conflictos. Lo segundo el vacío legal que han dejado entre la publicación de la aprobación del decreto y su publicación en el BOE. Pero, con ser esto importante, lo más llamativo es la celeridad. Un Gobierno que ha sido incapaz de gestionar una pandemia, de utilizar normas contrarias a la Constitución, de aprobar ayudas directas que han tardado meses y meses en llegar a su destino, de retrasos en el pago de los ERTE y de los ceses de actividad de los autónomos, de no utilizar fondos europeos para ayudar al turismo o de burocratizar tanto el Ingreso Mínimo Vital que no ha llegado a todos los que lo necesitan o en cantidades que realmente fueran una ayuda, ha aprobado en unos días una modificación legal que de paso le pega un palo a los que vendan con ganancias su casa en el plazo de un año, ya sean particulares o no.

Un Gobierno que ni a la vista de que la realidad le ha estropeada su historia de recuperación económica, según todos los organismos nacionales e internacionales, prefiere seguir en la irrealidad y tramitar unos Presupuestos Generales del Estado que ya antes de su aprobación definitiva son papel mojado. Por no mencionar que, a estas alturas, nadie sabe nada del reparto y ejecución de los primeros miles de millones que han llegado de Europa, a pesar de que la responsable asegura que se han cumplido los retos y objetivos que nos había marcado Bruselas y que estamos en disposición de pedir otros 10.000 millones de euros. Hoy dará explicaciones en el Congreso el presidente del Gobierno. Veremos si por fin nos enteramos de algo los ciudadanos, las Comunidades Autónomas y las empresas, porque han pasado ya muchos meses y el gobierno de la transparencia brilla por su ausencia. En todo caso, hemos visto, eso sí, cómo han logrado poner en guardia a todos los sectores económicos, a todas las empresas independientemente de su tamaño y a los ciudadanos que vemos una vez más la prisa que se dan en poner en marcha normas para recaudar, y la nulidad que demuestran cuando se trata de poner coto a problemas acuciantes como el coste de la energía que está causando estragos en negocios y hogares.