Probablemente, nadie duda en los tiempos que corren que la profesionalización de la función pública es uno de los presupuestos más importantes para la continuidad de las políticas públicas, y lo que es más relevante, para la consolidación de las democracias. Como señala la Carta iberoamericana de la función pública firmada a instancias de España en santa Cruz de la Sierra el 27 de junio de 2003, “una Administración pública profesional forma parte del tejido institucional que hace posible el progreso y el bienestar de las sociedades”.

La existencia de funcionarios públicos seleccionados de acuerdo con los criterios de mérito, idoneidad y capacidad en el marco de la libre concurrencia constituye, en mi opinión, una condición necesaria para que la Administración pública pueda cumplir la tarea que le es propia y para la que precisa de una cierta autonomía técnica que vendrá preservada precisamente por la profesionalidad de sus empleados. Si convenimos en que pertenece al orden político la determinación o definición de los objetivos de interés general que temporalmente van a regir la vida colectiva de un país, a la Administración pública corresponde implementar las diferentes técnicas que puedan hacer posible el cumplimiento de dichos objetivos generales.

En este sentido, la concepción actual de la contratación pública estratégica reclama unidades y departamentos de contratación en las administraciones y Entes del sector público compuestos por personas con una sólida preparación técnica, con un elevado grado de compromiso con los valores del Estado social y democrático de derecho y con una solvente preparación ética.

La profesionalización hoy no es una opción, es una necesidad, y para ello es menester la voluntad política precisa para establecer sistemas de estabilidad que sean necesarios en orden a la continuidad y regularidad de las políticas públicas. Por eso, el personal de las unidades de contratación no puede estar cambiando constantemente en función del color político de los diferentes Gobiernos.

La profesionalización está en relación con la capacitación y formación. Bien sea, a través de la preparación de directivos con sólidos conocimientos de contratación pública, pues quien dirige los servicios comunes de un ministerio u organismo público ha de tomar decisiones en esta materia. Es el caso, pionero, del diploma de directivos en la Comunidad de Galicia implantado cuando tuve el honor de dirigir ese centro de formación de funcionarios. Bien sea, a través de programas especializados en la materia, como el conducente al título de Experto en contratación pública que imparte el Instituto Canario de Administración Pública del que fui también su primer director.

En el Reino de España, el Informe de la oficina de regulación y supervisión de la contratación pública, adscrita al ministerio de hacienda, correspondiente a 2019, publicado en diciembre del año pasado, una vez analizados los programas de formación y capacitación realizados al interior del Estado, de las Comunidades y de los Entes locales, efectúa algunas conclusiones.

y recomendaciones que es pertinente tener presente en la parte final de este trabajo.



En este sentido, se propone que la profesionalización no debe estar vinculada exclusivamente a la adecuada formación en la materia, más bien ha de contemplarse en el contexto de la carrera administrativa de los empleados públicos en sentido integral, y que sea capaz de combinar los itinerarios formativos pertinentes, junto con los correspondientes incentivos vinculados a la responsabilidades por los profesionales directamente implicados en estas tareas en fase de preparación, tramitación, ejecución contractual o control.



En definitiva, para profesionalizar la contratación pública, estabilidad funcionarial y formación puntual para los directivos en el sector público junto a formación completa para quienes laboran en los departamentos de contratación pública del sector público.