Nuevo cruce de acusaciones en el Parlamento por la crisis de Ferrol

Rueda de prensa conjunta de CCOO, CIG y UGT celebrada ayer en Ferrol | daniel alexandre
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La crisis económica, poblacional e industrial de Ferrolterra continúa desatando conflictos en el Parlamento de Galicia. En esta ocasión fue la presentación el pasado martes y votación ayer de una proposición no de Ley (PNL) del PSdeG el detonante de un nuevo cruce de acusaciones en el que el pacto de estado por Ferrol, la inacción de las administraciones y el sector naval sirvieron de eje central, aun sin ahondar en soluciones concretas para estas cuestiones.


De esta forma, la propuesta de los socialistas buscaba instar a la Xunta a desarrollar un plan “de promoción e reactivación” de las tres comarcas para paliar los efectos tanto de la pandemia como de la crisis industrial. Entre otras acciones, el PSdeG exige que el mencionado plan incorpore una “diagnose” de las posibilidades económicas y de inversión del área y una relación de los proyectos ferrolanos que optarán a los fondos Next Generation. El BNG presentó, por su parte, una enmienda de sustitución al texto –que fue rechazada por los propios socialistas– en la que se demandaba a la Xunta algunas de las actuaciones que los nacionalistas llevan exigiendo desde hace años, tales como la entrada del gobierno gallego en el consejo de administración de Navantia; la creación de una empresa pública energética de Galicia –y, con ello, una tarifa eléctrica gallega–; o la regeneración integral de la ría.


La propuesta del PSdeG fue finalmente rechazada por el grupo popular, que alegó que el documento era “un corta e pega doutra igual presentada sete días antes para A Coruña”. Los populares apuntaron que ambas urbes eran diferentes y que, por ello, tenían necesidades propias, además de aseverar que al ser Navantia una empresa pública –y principal motor económico de Ferrol–, la situación de la ciudad naval dependía del Estado –en referencia a las críticas de socialistas y nacionalistas sobre que la Xunta tiene las principales competencias en materia de industria–.


Eólica marina

Una propuesta que sí salió adelante fue una PNL presentada por el PP para “dinamizar” el sector de la eólica marina, uno de los puntos clave del pacto de estado de la Xunta.


El documento busca instar al gobierno gallego a promover e implementar esta tecnología –especialmente la flotante, que sería la única viable en las costas gallegas–; evaluar el desarrollo de parques eólicos en el litoral de la comunidad; y la constitución de un observatorio de este sector que sirva de punto de contacto con otros agentes, nacionales e internacionales, implicados en este segmento productivo.


Encuentro con la patronal

Por otro lado, la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer) ofreció ayer un balance de su encuentro el pasado martes con el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, para presentar formalmente el documento del pacto de estado por la comarca.


La entidad patronal, que en la reunión estuvo representada por su presidente, Cristóbal Dobarro, y su vicepresidente tercero, Jorge Silveira, destacó una vez más “la necesidad de un plan para Ferrol y del acuerdo de todas las administraciones públicas en el cumplimiento de unos objetivos básicos y la adopción de unas medidas especiales para revertir la situación”. La entidad insistió en que se debía de afrontar como un trabajo conjunto de todos los agentes implicados y que estos debían participar en su diseño. En cuanto a la propuesta de la creación de una zona franca en la ciudad, Cofer aseveró que se trataba de una iniciativa que “vale la pena estudiar” y analizar su “viabilidad”, aunque admitió que no se trataba de “algo sencillo ni inmediato”.


Por último, el presidente de la entidad apuntó que esta va a “reivindicar y vigilar” el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Xunta de dotar de fondos a aquellas propuestas concretas que salgan de la administración autonómica.


Turismo

Otro de los agentes implicados en el pacto de estado, el Concello de Valdoviño, también ofreció ayer su valoración del encuentro del pasado martes con Francisco Conde, en el cual el regidor del municipio, Alberto González, trasladó las demandas concretas para mejorar la situación del territorio.


Entre otros puntos, González hizo hincapié en la importancia de incentivar el turismo como motor económico de la zona mediante actuaciones concretas. En este ámbito, el regidor instó a la Xunta a que apoyase la candidatura del Geoparque Cabo Ortegal a la Unesco o el impulso del Camiño de San Andrés, así como un plan de sostenibilidad turística. Además, el alcalde señaló que en el documento ya se incluyen actuaciones desarrolladas o solicitadas por el Concello, como la declaración como suelo industrial de la zona de As Boeiras o la puesta en marcha de un centro de alto rendimiento del surf en el municipio.


Los sindicatos lamentan la “disputa política” tras la propuesta presentada por el gobierno gallego

La propuesta del pacto de estado elaborada por la Xunta sigue sin convencer a la parte social, que ve en ella una mera “disputa política” entre administraciones y que carece de soluciones a corto y medio plazo para la comarca. En una rueda de prensa conjunta, CCOO, CIG y UGT reivindicaron que no serían “complices” del juego político, exigiendo la constitución de una mesa de trabajo para atajar los problemas inmediatos, esencialmente la falta de empleo, en el área.


El secretario comarcal de la CIG, Manuel Grandal, apuntó que el documento recoge las “inquedanzas” de todos los implicados, pero que “compromisos non temos absolutamente ningún”. El representante destacó que en la propia reunión la Xunta admitió que “non hai alternativa a curto e medio prazo” y que todos los proyectos presentados podrían ponerse en marcha en un período de cuatro a siete años. “Admiten todos que esta comarca vai ten que pasar unha travesía no deserto de anos”, señaló Grandal, enumerando las consecuencias que traerá esta situación. Por último, el secretario comarcal censuró que la Xunta “poña deberes aos demais” cuando es “a responsable da industria”, calificándolo de ”esperpéntico”.


Por su parte, el portavoz de CCOO, Santiago Díaz. reiteró que el documento del pacto de estado es una “declaración de intencións”, que incorpora todas las reclamaciones de los agentes implicados, pero que carece de “un plantexamento de como acometer” actuaciones concretas más allá de su impulso y promoción. Díaz defendió que, para que el pacto prospere, es imperante “constituir unha mesa de traballo” para comenzar a desarrollar algunas de las iniciativas reflejadas. Del mismo modo, el portavoz criticó que el propio acuerdo está mal planteado, apuntando que habría sido más correcto “presentalo ao Goberno, constituir a mesa, e despóis facelo público”, pero que la Xunta lo hizo al contrario para ejercer “presión política”.


Finalmente, el secretario comarcal de UGT, José Antonio Díaz, apuntó la inviabilidad de los fondos Next Generation ante esta problemática, dado que los proyectos tendrían que presentarse antes de 2023 y estar finalizados para 2026. En cuanto al sector naval, Díaz lamentó que las previsiones de las F-110 las sitúan “en dous anos”, lo que sería devastador para la industria auxiliar, mientras que defendió planes de formación “remunerados e sen pérdida de prestación por desemprego”.

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