En el pulso que los afectados por participaciones preferentes y subordinadas mantienen con la banca y las instituciones públicas para forzar la devolución íntegra de sus ahorros están teniendo más éxito los que más protestan. Así lo entienden los 140 integrantes de PAPS Rías Altas, una de las dos plataformas que agrupan en la comarca a los estafados con estos productos bancarios, que en conjunto tenían cuatro millones de euros bloqueados y que han conseguido únicamente, por la vía del arbitraje, la devolución de 319.000 euros.

Denuncian que las resoluciones de arbitraje solo les han devuelto un 9% de la suma de lo invertido

Según asegura su portavoz, Julián Imaz, es solo un 9% del total, mientras que otras agrupaciones de afectados que han sido más “beligerantes” en sus protestas han conseguido la devolución de entre un 30 y un 40% de las reclamaciones. Así, la plataforma ferrolana acordó intensificar sus protestas y en la mañana de ayer acudió al Concello de Ferrol para iniciar un encierro que tienen previsto levantar esta tarde.

En principio el colectivo permaneció en las escaleras, si bien desde el Concello se les prestó más tarde una sala que fue considerada por ellos mismos “un cuchitril” insuficiente para acogerlos. El alcalde, José Manuel Rey Varela, mantuvo una reunión con ellos durante la mañana y se comprometió a gestionarles una entrevista con la gerente del Instituto Galego de Consumo, María Jesús Muñoz Chesa, que de hecho quedó ya fijada para este viernes.

Además, Rey Varela les aseguró que se estudiará la presentación por parte de todos los grupos municipales, para su discusión del próximo pleno, de una moción conjunta de apoyo al colectivo. De partida, los afectados propusieron su propio texto en el que solicitan la devolución del 100% del dinero depositado sin que se apliquen quitas o canjes y que no se les cobren las nuevas tasas judiciales con carácter retroactivo en las posibles demandas que interpongan y que este acuerdo, de producirse, se traslade a la Comisión Europea, el Gobierno, la CNMV, el Banco de España, el FROB, la Defensora del Pueblo y la Xunta.

Julián Imaz manifestó la total oposición de los afectados a la solución que, al parecer, se está proponiendo para el colectivo y que consistiría, señaló, en unas quitas del 60% y el canje del otro 40% por acciones y obligaciones.Los afectados denuncian, además, que no se están aplicando criterios transparentes a la hora de resolver las demandas por la vía del arbitraje y que este proceso es más ágil en unas zonas de Galicia que en otras.

Desde el BNG se hizo constar su apoyo al colectivo y la exigencia de que se modifique la ley “que lle dá poderes desorbitados ao FROB”. Según Iván Rivas, el portavoz de la formación, el PP debe garantizar la devolución íntegra de los ahorros.