El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acaba de actualizar este mes de julio su mapa sobre la presencia de radón en España y Galicia se encuentra a la cabeza del ránking, con apenas tres de sus 313 municipios “libres” de este gas cancerígeno.
En el listado se hace una clasificación de los concellos diferenciándolos en dos zonas: la I, de riesgo medio, en donde se recomienda su medición aunque no sea obligatoria; y la II, de peligro alto y de actuación prioritaria. Esta última agrupa a más del 91% de las localidades gallegas, un porcentaje muy elevado con respecto a otras zonas del Estado.
En este extremo es donde se encuentran la mayor parte de los ayuntamientos de Ferrolterra, que tendrán que controlar este gas radioactivo natural en los entornos laborales. En concreto, el CSN cataloga como zona II los municipios de A Capela, Ares, As Pontes, Cabanas, Cariño, Cedeira, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume y Valdoviño.
San Sadurniño es el único considerado por la institución como zona I, con un menor riesgo y, por tanto, no sujeto a obligaciones. Cabe destacar que de los tres concellos que quedan fuera de los niveles de peligro, dos de ellos pertenecen a la comarca. Así, además de Sobrado, Cerdido y As Somozas no figuran en el listado del CSN.
El radón es un gas que se genera de manera natural por la descomposición del uranio presente en ciertos tipos de roca, sobre todo en suelos graníticos como los que predominan en buena parte de Galicia. No tiene olor, color ni sabor, y suele filtrarse desde el subsuelo hacia el interior de viviendas o edificios por medio de fisuras, sumideros o suelos con mal aislamiento.
El problema radica en que, una vez dentro, tiende a acumularse, y si la ventilación no es adecuada, puede alcanzar concentraciones peligrosas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo ha señalado como la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, y la primera en personas no fumadoras.
Desde el pasado 2024, con la entrada en vigor del Real Decreto 1029/2022, todos los centros de trabajo situados en zonas de riesgo (tipo II) están obligados a realizar mediciones. Esta normativa se basa en una directriz europea sobre protección frente a radiaciones ionizantes. Esta ley establece un nivel máximo de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico (Bq/m³) de concentración media anual.
En concreto, deben medirse aquellos locales situados en plantas bajas o sótanos, donde es más fácil que el gas se acumule, especialmente si son espacios cerrados con ventilación limitada y ocupación prolongada. La medición debe realizarse entre los meses de octubre y mayo, y los análisis han de llevarse a cabo mediante dispositivos homologados y validados por laboratorios acreditados.
Si los resultados superan el umbral establecido, el empleador está obligado a tomar medidas correctoras para reducir la exposición, tales como mejorar la ventilación, sellar grietas o modificar los sistemas de aislamiento del edificio. Además, los resultados deben incluirse en la evaluación de riesgos laborales y estar disponibles para las autoridades y los propios trabajadores.
Algunas administraciones públicas de la comarca ya han comenzado a realizar este tipo de comprobaciones. Es el caso del Concello de Ferrol que, tal y como recogió en su momento este Diario, ha instalado 60 medidores –en diferentes lugares como la casa consistorial, el cementerio, el cuartel de la Policía Local o la Casa da Muller– para cumplir con este requerimiento legal, invirtiendo en el contrato de este servicio –adjudicado al Laboratorio del Radón en Galicia– un total de 2.541 euros.
Cabe señalar que esta normativa es aplicable tanto a centros de trabajo públicos como privados, por lo que en la práctica afectará a buena parte de las empresas y entidades de Galicia.
En paralelo a la normativa estatal, la Xunta de Galicia lanzó a finales del pasado ejercicio su propia hoja de ruta con el objetivo de reducir los efectos del radón en la población.
Bajo la denominación de “Estratexia galega Reduce Radón 2025-2030”, este plan recoge un conjunto de actuaciones encaminadas a reforzar la prevención, mejorar la detección y concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a este gas radioactivo natural.
Esta iniciativa del gobierno autonómico se estructura en cinco ejes estratégicos para “conseguir unha Galicia menos exposta a niveis de radón nos ambientes interiores”.
El primero de ellos busca identificar los niveles de este gas en lugares y áreas de la Comunidad. Así, durante la vigencia del plan, el ejecutivo gallego medirá los niveles del radón en centros sanitarios, educativos, sociosanitarios y fomentará la medición en los hogares y centros de trabajo privados.
El segundo eje está orientado a la vigilancia epidemiológica y de la salud, que servirá para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos asociados a la exposición a niveles de radón, así como realizar la planificación y evaluación sanitaria. Para ello, desde la Consellería de Sanidade explican que se implantará “un sistema sinxelo de recollida de información (...) para que sexa incorporada á carpeta persoal e historia clínica electrónica única de cada paciente da sanidade pública galega”.
Mediante el tercer eje de acción, la Xunta impulsará la investigación interdisciplinar de excelencia “entre a saúde pública e outras áreas de coñecemento, en colaboración coas universidades galegas”. Este apartado incluye, además, el desarrollo de un plan de formación dirigido “a axentes que interveñen no ámbito da edificación, do arrendamento ou da prevención de riscos laborais”.
La cuarta línea de trabajo que prevé el gobierno autonómico en su Estratexia se enfoca en conseguir un plan de comunicación e información sobre los riesgos que entraña la exposición al radón para la salud, “así como a elaboración de guías” para reducir esta situación en los inmuebles existentes.
Por último, en el quinto eje de esta iniciativa plurianual se creará una comisión interdepartamental para coordinar e impulsar políticas públicas relacionadas con este gas radioactivo. “Un dos principios reitores desta estratexia é o enfoque en saúde en todas as políticas, xa que para conseguir a diminución dos niveis de radón nos ambientes interiores é necesario tomar medidas e decisións, non só sanitarias, senón tamén nos ámbitos da vivenda e do urbanismo, das infraestruturas, do emprego, da política social, da educación, etc”, expone la Xunta.