Dos exconcejales del PSOE en la anterior corporación ferrolana, Ángel Mato y Gerardo Castrillón, han prestado hoy declaración como imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la llamada operación 'Torre', que investiga supuestas adjudicaciones a dedo a dos empresas con pequeños contratos fraccionados de forma irregular.

Mato y Castrillón fueron responsables de Urbanismo y Obras durante el mandato anterior con Vicente Irisarri como alcalde y ambos estaban citados esta mañana en el quinto piso de los juzgados de Ferrol, en la sala de Instrucción número tres.

Mato, ya apartado de la primera línea política, declaró ante el juez instructor, Alejandro Morán, y está imputado por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación porque su firma figuraba en algunos documentos, según fuentes del caso.

Gerardo Castrillón, que era el máximo responsable del departamento municipal de Obras que está bajo la lupa policial y judicial, se negó a prestar declaración ante el juez, como ya había hecho el día antes en comisaría.

Castrillón continúa en la corporación local como edil del PSdeG en la oposición.

En total, son ocho las personas imputadas en la presunta trama de Torre que salpica a dos aparejadores municipales, Mar Piñeiro y David Couselo, investigados por presuntos delitos contra la Administración Pública y falsedad documental, y los representantes de las empresas investigadas, Parquet Albanese SA y SanMartín.

En la lista de imputados en esta investigación también figuran dos interventores locales, Vicente Castro y Manuel Vázquez (el actual y el anterior, ya jubilado) que validaron las facturas y los ediles responsables de Obras y Urbanismo.

La gerente de Albanese, Dolores Fernández Rico, según fuentes de su defensa, explicó esta semana al juez que "todo lo que la empresa ha facturado está justificado con documentos" y aseguró que el gobierno ferrolano todavía les debe dinero por las obras realizadas.

La causa arrancó el 27 de enero del 2012 con un registro en los despachos de la concejalía de Obras del Ayuntamiento de Ferrol.

Indaga las presuntas conexiones entre funcionarios locales y las dos empresas, especialmente Albanese, que ejecutaron gran cantidad de obras menores que supuestamente se adjudicaban al margen de los procedimientos legales.

Fuentes del caso han explicado a Efe que gran parte de la facturación de la firma se computó como obras menores que no pasaron por la mesa de contratación pero que suman más de 250.000 euros con intervenciones o reparaciones inferiores a 3.000 euros.

El registro del consistorio ferrolano autorizado por el juez Morán en enero del pasado año fue recurrido por la empresa y la fiscalía ferrolana.

A finales del 2012, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó un auto que desestimaba los recursos y daba al razón al magistrado al validar las escuchas y registros autorizadas judicialmente de modo que la causa ha vuelto a tomar un nuevo impulso.