La Fiscalía ratificó ayer que los daños causados por el accidente del “Prestige” en noviembre de 2002 ascienden a 4.328 millones en Galicia y el resto del litoral cantábrico español. Esta cantidad llega a los 4.442 millones si con los daños en Francia.
La profesora titular de Análisis Económico de la Universidad de Santiago María Loureiro presentó ante el tribunal de la Audiencia de A Coruña un informe encargado por la Fiscalía titulado “Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige”, que cifra en esa cantidad los daños por la catástrofe.
Dicho informe es la base sobre la que la Fiscalía reclama en este proceso indemnizaciones por un total de 4.442 millones, de los que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos ya ha abonado al Estado 114 que se destinaron a compensaciones al sector pesquero.
La perito de la Fiscalía explicó que los cálculos de pérdidas son “muy conservadores” y que podrían ser más elevados.
La especialista subraya en su informe que las pérdidas en el sector pesquero, tanto en Galicia como en el resto de comunidades afectadas, sumaron 205 millones, aunque precisó que habría que añadirles otros 200 millones por la caída de reputación e imagen del sector, que afectó a los precios durante varios años.
Loureiro cifra la pérdida en el sector acuícola en 48 millones y defiende que el sector industrial perdió por el accidente del petrolero 71 millones.
Además, explicó que el transporte marítimo se vio afectado por unas pérdidas de 3,78 millones.
El informe pericial de la Fiscalía sitúa las mayores pérdidas en el sector turístico, un total de 500 millones, de los que 236 corresponden al turismo interno y el resto al internacional.
Cifró los daños en salud en atenciones a los voluntarios que limpiaron las playas en 5,5 millones, aunque advirtió de que, en este apartado, el gasto podría ser mucho más elevado, porque se están detectando enfermedades supuestamente relacionadas con la catástrofe.
Por último, indicó que las reclamaciones civiles acreditados ascienden a 1.446 millones y el resto se contabiliza en el aportado de daños ambientales.