El Concello de As Pontes pone en marcha en colaboración con los centros educativos de la villa una serie de actividades para fomentar la igualdad, la corresponsabilidad y evitar los estereotipos.
Cientos de personas han tomado este domingo las calles de la localidad de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, para reclamar al juez que "recapacite" en el archivo del caso de los vídeos grabados a 87 mujeres mientras orinaban en las fiestas de A Maruxaina de 2019, y que terminaron colgados en páginas web pornográficas.Este ha sido el mensaje central de esta manifestación convocada por el colectivo Xustiza Maruxaina, conformado por las afectadas, y que ha partido a las 12.00 del mediodía desde la Praza dos Campos, para transcurrir por el centro de la localidad hasta concluir en la playa de O Torno, donde precisamente se celebran las fiestas.Paloma Maseda, una de las mujeres que ha puesto voz a las víctimas durante la protesta, agradece el apoyo recibido por parte de los vecinos de A Mariña en una movilización que ha sido multitudinaria.
La Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Participación de A Coruña convoca este certamen, de artes gráficas y escritura, para personas de 12 a 30 años.
Las cinco asesinadas en los primeros meses y más duros del Covid sufrieron la agresión mortal en sus domicilios
Raffaella Corrales, una mujer trans que es concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Tórtola de Henares (Guadalajara), inició una huelga de hambre y aseguró que seguirá con ella hasta que no se apruebe la conocida ley trans en el Congreso.El pasado día 10 comenzó esta huelga de hambre en la que le acompañan otras activistas del colectivo trans, alrededor de 70 repartidas en todo el país, según ha señalado Corrales a Efe, y adelantó que la van a continuar hasta que esta ley llegue al pleno del Congreso para su debate y tramitación.Corrales subrayó que decidieron llevar a cabo esta "medida de presión" porque consideran incomprensible el bloqueo de la ley por los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno, a pesar de que ambos partidos llevaban en sus programas electorales la presentación de una ley que reconociera los derechos de las personas trans.Este colectivo recordó que en los últimos años España ha vivido una apertura hacia el colectivo trans sin precedentes.Corrales señaló que, tras meses de reuniones en el Ministerio de Igualdad, con el propósito de elaborar un nuevo texto, "las personas del Gobierno 'transexcluyentes' están impidiendo que el texto de ley inicie su trámite en el Consejo de Ministras, bloqueando de manera reiterada la posibilidad de que las personas trans vean definitivamente reconocidos sus derechos".Preguntada por si comparte el borrador de la ley tal y como está planteada, ha afirmado que está "bastante de acuerdo con él”, pero insistió en que "si hay diferencias, se deben debatir para que, por fin, salga adelante una ley muy esperada" por este colectivo y ha exigido el desbloqueo de la ley.
Lamentablemente, su titular, Irene Montero, no solo no ha promovido ninguna política de igualación fraterna y ante la ley entre hombres y mujeres, de esas que convocan a aquellos a despojarse de los harapos machistas y a éstas de los atavismos que aún las encadenan, sino que con lo poco que ha hecho ha conseguido que la mayoría de sus propias correligionarias la aborrezcan.Dirigir todo un flamante Ministerio de Igualdad para tontear con la aberrante idea de que la prostitución es un trabajo, y no, cual es en realidad, la peor forma de explotación, esclavitud y cosificación de la mujer, para reducir el complejo mundo de las relaciones heterosexuales a la puerilidad del sí, sí, sí, para amparar eslóganes como el de “Sola y borracha quiero llegar a casa” que más parece patrocinado por una empresa alcoholera que por el decoro intelectual, o para sacarse de la manga, como asunto de máxima prioridad y transcendencia, una Ley de Transexualidad de barra libre, es un gasto, y no solo económico ni principalmente, que lo mismo no nos podemos permitir.La Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a unas 30 organizaciones y a personas vinculadas con el propio partido de la ministra, ha dicho hasta aquí hemos llegado con esas ocurrencias que ni consulta ni somete a debate público ni interno, y ha pedido al presidente del Gobierno que la destituya o que, directamente, suprima ese Ministerio de Igualdad que parece no servir para maldita la cosa, salvo para cargarse lo de Unidas Podemos, ese nombre de apariencia feminista que esconde una vena autoritaria y sectaria que mal se compagina con el feminismo de verdad, de raíz humanista.
En respuesta a sendas interpelaciones de BNG y PSdeG sobre los efectos de la pandemia de la covid y el impacto de la crisis económica en las mujeres, ha explicado que se trata de tener una "fotografía en tiempo real del impacto de la covid en las mujeres gallegas" y una "radiografía de mercado laboral" gallego.
Entre los desafíos pendientes, la legisladora Soraya Rodríguez, de Renew Europe, destacó las diferencias en el ámbito salarial, en la representación pública y en las grandes empresas, pero sobre todo la UE se enfrenta a “enormes retos sobre los retrocesos y amenazas” a los derechos conseguidos.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "desoír" el Convenio de Estambul y el "grito de millones de mujeres" al cuestionar los ejes de la ley integral de libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí".Así lo ha sostenido en Barcelona, donde ha participado en un acto de la campaña de En Comú Podem para las elecciones catalanas del 14F acompañada de la alcaldesa Ada Colau y de la cabeza de cartel en los comicios autonómicos, Jéssica Albiach."Me deja preocupada que los jueces en este país puedan desoír no sólo al Convenio de Estambul, sino el grito de millones de mujeres que han dicho 'hermana, yo sí te creo' y 'no es abuso, es violación'", ha señalado Montero tras conocer el informe preceptivo del CGPJ solicitado por el Ejecutivo, que aún debe ser debatido por el órgano de gobierno de los magistrados.Montero ha pedido "prudencia", pero ha remarcado que la mujer "no tiene que demostrar que ha habido violencia o intimidación": "Si no ha dicho que sí, si no ha querido participar en ese acto, hay una vulneración de su libertad sexual".La ministra se ha expresado en estos términos después de que la propuesta de informe del CGPJ, redactada por tres vocales, cuestione varios pilares del proyecto de ley, como la definición del consentimiento de la víctima o el hecho de considerar agresión sexual lo que actualmente se califica de abuso.Según Montero, es crucial que la legislación española "recoja ese grito de las mujeres", un grito, ha dicho, "de supervivencia" y de los "más urgentes" que debe adoptar el Código Penal, que actualmente exige demostrar que ha habido violencia o intimidación para que una violación se califique como agresión sexual."Es clave pasar a un paradigma donde el consentimiento esté en el centro.
Los socialistas avisan de que la negociación está recién iniciada y hay que limar matices y acercar posturas