La nueva Formación Profesional intensiva, que alterna la enseñanza con al menos un 35 % de la duración de la formación en una empresa, conllevará un contrato laboral remunerado y serán las administraciones las encargadas de evitar su uso inadecuado o fraudulento.

La Ley Orgánica de Formación Profesional, que ayer publica el BOE y que entrará en vigor en el plazo de veinte días, se aprobó en las Cortes el pasado 23 de marzo con el único voto en contra del PP. La norma reorganiza el sistema de la FP en cinco niveles ascendentes y tres niveles de competencia Profesional.

Entre sus principales objetivos figura atajar las dramáticas tasas de paro juvenil; acreditar la experiencia laboral de las personas activas que no tienen acreditación de sus competencias profesionales (el 46% en España) y adecuar los niveles de cualificación de los trabajadores a las necesidades de los sectores productivos.

La FP será dual (combina la enseñanza en el centro educativo con las prácticas en las empresas) salvo para los niveles A (acreditación parcial de la competencia) y B (certificado de competencia).

La duración de la FP General oscila entre el 25% y el 35% del total de la instrucción y no implica un contrato laboral.