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domingo | 27 julio | 2025
La AP-9 vuelve a ser protagonista del verano gallego por las consecuencias legales de la prórroga de la concesión de una infraestructura que lleva desde la ciudad de Ferrol hasta la frontera lusa conectando en su recorrido cinco de las siete principales ciudades gallegas en un área que aglutina a más de dos tercios de la población de esta comunidad.
Algo más de doscientos kilómetros de una vía de alta capacidad también llamada Autopista del Atlántico que desde sus orígenes ha sido objeto de polémica; bien por su trazado, definido en su momento por las organizaciones contrarias a su construcción como un "navajazo" en la orografía gallega, o bien, como sucede ahora, por el alto coste de circular por la misma a causa de los elevados peajes.
El grupo Itínere gestiona, a través de Audasa, una arteria en la que el coste de un trayecto completo desde Ferrol (A Coruña) hasta Tui (Pontevedra) se eleva por encima de los 26 euros, sin que existan apenas alternativas eficientes en cuanto a tiempos de desplazamiento o seguridad vial para unir las urbes de la fachada atlántica gallega.
La rebaja en las tarifas de los peajes, el rescate de la concesión y el traspaso a la Xunta de la titularidad de esta autopista son algunas de las demandas más habituales expresadas desde Galicia con respecto a una AP-9 que estas semanas estivales ha vuelto a saltar al primer plano de la actualidad política.
Ultimátum europeo
Lo ha hecho después de que la Comisión Europea diese un ultimátum al Gobierno de España para modificar y adecuar a las normas europeas de licitación pública la última de las prórrogas de la concesión de esta infraestructura, la que aprobó el Ejecutivo presidido por José María Aznar en el año 2000 y que extendió el período de explotación de la AP-9 por parte de Audasa de 2023 a 2048.
Algo que se hizo, entienden las instituciones comunitarias, sin el preceptivo proceso de licitación y sin arreglo a la directiva europea de contratos públicos, por lo que conceden dos meses al Estado para responder y adoptar "las medidas necesarias" para cumplirla.
De no atender los requerimientos comunitarios, la Administración central podría enfrentarse a un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por violación del derecho comunitario.
Esto ha animado las voces que piden el rescate de esta concesión y también ha provocado que se den nuevos pasos en el terreno judicial. Así, la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), una de las organizaciones de la patronal sectorial, ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir la nulidad de las dos prórrogas de la concesión de esta autopista.
Este procedimiento incumbe también la extensión del período de explotación, de 2013 a 2023, decretada por el Gobierno central a mediados de los años 90, todavía con Felipe González como presidente, a causa del retraso en la construcción de esta vía.
Según el secretario general de Fegatramer, Carlos García Cumplido, se trata de una reclamación cuyos plazos "no son precisamente rápidos", pero confía en que pueda resultar en que se declaren "nulas" las dos prórrogas y en que el Estado, que ostenta la responsabilidad patrimonial, tenga que proceder a devolver los peajes abonados por los usuarios desde el año 2013 en adelante.
La AP-9 soporta en la actualidad un tráfico diario aproximado de sesenta mil vehículos, cuatro mil de ellos de transporte de mercancías, por lo que, de ser esta la resolución, supondría un desembolso millonario para las arcas públicas.
Es precisamente esta, el coste de la operación, una de las razones que han aducido los diferentes ministros de Transportes para oponerse al rescate de la autopista e incluso para negar el traspaso de su titularidad, reclamado en varias ocasiones por unanimidad en el Parlamento gallego, a la Xunta de Galicia.
Los cálculos de esta transferencia varían entre las cuentas que hace el Ministerio de Transportes, cuyo titular Óscar Puente ha llegado a elevar el coste del rescate de esta autopista por encima de los seis mil millones de euros; con respecto a las que traslada el Gobierno gallego, que reduce esa cifra considerablemente.
Así, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha estimado que la reversión de la concesión oscilaría entre los 1.600 y los 2.355 millones; mientras que cifra en otros 526 millones lo que supondría la transferencia de la titularidad al Ejecutivo autonómico.
"Sí que le vamos a pedir que sea ambicioso y que vayamos a por todas", llegó a manifestar Rueda recientemente, en una nueva petición de la transferencia de una AP-9 sobre la que opina que "es momento de ser ambiciosos" y dar pie a cambios significativos.
El debate sobre la gestión de esta autopista y sobre el impacto de sus peajes ha sido recurrente en Galicia a lo largo de los últimos años, donde los cambios de color en el Ejecutivo estatal han dado también pie al cambio, o al menos a la moderación y adecuación, de las posturas entre los grupos con representación en el Parlamento gallego.
No obstante, pese a los matices que pueda haber, existe el consenso entre las formaciones políticas gallegas para solicitar al Gobierno el traspaso de las competencias, aun con diferencias sobre el modo en que se debe llevar a cabo.
