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domingo | 27 julio | 2025
El pasado mes de febrero, el gobierno local de Ferrol presentó al resto de grupos políticos, y por extensión al resto de la ciudadanía, su futuro Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS). El documento, muy criticado por la oposición por alejarse del anterior modelo de peatonalización y por su falta de concreción en algunos puntos, pero también celebrado por aquellos que defienden el uso del vehículo privado, incluía un apartado especialmente relevante desde el punto de vista administrativo: la definición de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Y es que, si bien esta medida para la vecindad tendrá un impacto menor, por ejemplo, que la humanización de viales del centro, para el Concello supone cumplir con uno de sus deberes pendientes en materia de normativa. A este respecto, cabe recordar que el Defensor del Pueblo llegó a dar hasta dos “tirones de oreja”, en 2023 y 2024, al gobierno local por no haber iniciado los trámites para contar con esta ZBE –que debía de estar implementada desde enero de 2021–.
Así, cinco meses más tarde, el Consistorio ferrolano ya cuenta con un estudio para la implantación de esta zona, que finalmente se situará en el barrio de Ferrol Vello. El área, planteada como una primera fase de cara a una futura expansión en parte de A Magdalena, se encuentra limitada por el paseo marítimo, la calle Espartero hasta la confluencia con San Francisco por el oeste y el norte y por Espírito Santo, Rastro y Alfredo Martín por el sur y el este.
La elección de esta área para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones inicial no es casual, detallando el documento algunos de los criterios socioeconómicos, demográficos e incluso urbanísticos que han motivado la medida.
Por una parte, el estudio detalla que la estructura del barrio, al ser uno de los más antiguos de la ciudad, “non está deseñada para soportar grandes volumes de tráfico”, con calles estrechas de configuración irregular. Esta distribución, señala el documento, ha generado un empeoramiento paulatino de la calidad del aire, por lo que el establecimiento de la ZBE supone “unha solución eficaz” para esta coyuntura –si bien incide en que las vías perimetrales no se verán afectadas por la medida–. No obstante, esta misma tesitura supone que el impacto entre los vecinos será “mínimo”, dado que se verán exentos de las limitaciones que se establecerán en la ZBE, incluida la prohibición de acceso a los vehículos más antiguos.
Por otra, el área elegida permite reducir el volumen de tráfico entre aquellos que no viven en Ferrol Vello –y, con ello, el nivel de emisiones– al tiempo que no afectaría al aparcamiento en las calles Espartero y Real, dado que las plazas disponibles se encuentran en el margen opuesto al límite de la zona. En este sentido, es importante señalar que el gobierno local mantiene que, por las características geográficas de la ciudad, el territorio a día de hoy se mantiene dentro de los parámetros legales de emisiones a la atmósfera, por lo que la ZBE se plantea como “un investimento estratéxico” para el futuro.
Por último, esta concepción a largo plazo es la que motiva los dos últimos factores de la elección: supone un nuevo paso de cara a la digitalización de la ciudad y de la gestión del tráfico –dado que permitirá implantar medidas, como cámaras de control de matrículas, que luego podrían extrapolarse a otras áreas–, y facilita la mencionada expansión hacia A Magdalena, dado que ambos barrios comparten múltiples características.
La principal medida relativa a la ZBE –y que genera mayor inquietud entre vecinos y profesionales– es la restricción y control de acceso a esta área. No obstante, esta limitación, que estará regulada por su propia normativa municipal aún no redactada, será mucho menos lesiva de lo que podría parecer, dado que contempla un marco temporal muy definido y numerosas excepciones y exclusiones más allá de los residentes del barrio.
Así, el cierre solo afectará a aquellos vehículos sin etiqueta de emisiones –B,C, 0 y ECO quedan excluidos–, que en el caso de los turismos tan solo supone el 32% de los censados en todo el término municipal. Esta cifra es superior en otras tipologías, como motocicletas, furgonetas, camiones y autobuses, pero salvo las primeras, el resto podrán acogerse a una de las múltiples excepciones que contempla el estudio –como aquellos de empresas en el ejercicio de su actividad, los adaptados a personas con movilidad reducida, los de servicios municipales, el transporte público en todas sus variedades o los de compañías de suministros–.
La limitación, de este modo, estará activa únicamente de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas. Salvo las excepciones antes mencionadas, solo se excluirá a aquellos vehículos sin etiqueta matriculados dentro de la ZBE –por lo que aquellos residentes empadronados fuera de la misma o con vehículos registrados bajo un domicilio diferente sí se verían afectados–. No obstante, el estudio plantea una última propuesta que se extendería a toda la ciudadanía: el acceso libre 24 veces al año, a razón de dos entradas por mes. Esta sería una medida de carácter gratuito y que funcionaría de forma acumulativa, es decir, que el sistema de registro que se implantará contabilizará el número de ingresos de cada vehículo no autorizado en la ZBE y comenzaría a sancionar a partir del número 25 en un mismo ejercicio. Mediante este modelo, apunta el escrito, se evitaría tramitación innecesaria y facilitaría la aceptación de esta zona por parte de la ciudadanía, dado que no sería excluyente con situaciones excepcionales.
En cuanto a la tecnología empleada para controlar el acceso a la futura ZBE, el documento plantea cinco puntos de entrada a la misma –las calles San Francisco, Río Novo, Castro, Cristo y Mercé–, todos ellos equipados con una cámara para registrar las matrículas de los vehículos –en teoría sería una por cada sentido de la marcha, pero en todos los casos son vías unidireccionales–.
Estos elementos deberán estar orientados de modo que capten la placa de identificación trasera, dado que algunos vehículos, como las motocicletas o los ciclomotores, solo cuentan con esta. Esta configuración permitiría, al mismo tiempo, analizar los datos de movilidad de forma más efectiva y salvaguardar la normativa de Protección de Datos, puesto que no grabaría a los conductores ni a su acompañantes.
Cada unidad de lectura, de este modo, estará formada por una cámara de registro de matrículas, otra de ambiente a color y de alta resolución, y un sistema de iluminación de larga distancia que permita su funcionamiento en todas las condiciones lumínicas. Asimismo, todos estos elementos –que se instalarán en una misma carcasa– emplearán tecnología infrarroja de bajo consumo, conectividad 5/4G y un suministro de energía alternativo para que sigan en funcionamiento en caso de un fallo eléctrico.
La Zona de Bajas Emisiones es, para los vecinos de Ferrol Vello, toda una incógnita. Tal y como detalla la presidenta de la Asociación de Vecinos, María José Peniza, la comunicación con el Concello en relación a la medida ha sido básicamente nula y la poca información de la que disponen proviene de la prensa. “Hay que hacerla y contra eso no vamos a protestar, porque es una normativa de la Unión Europea y hace años que tendría que estar implantada”, apunta la representante, aunque incidiendo en que otras áreas del municipio serían más adecuadas para la ZBE por su mayor volumen poblacional y de vehículos. Así, su mayor crítica es hacia la falta de diálogo —algo que espera que cambie antes de que se ponga en marcha– y hacia algunas “incoherencias” que los residentes han detectado en la medida. Una de ellas tiene que ver con la parada de autobuses de Espírito Santo, que tras meses de protestas lograron recuperar pero “a un precio muy alto”. Y es que, tal y como detalla la presidenta, los vehículos no apagan sus motores durante las paradas, lo que supone que todas esas emisiones están yendo a parar a los hogares de los vecinos de esa calle.
La Asociación de Hosteleros de Ferrol Vello (Fervello), por otra parte, no está inquieta respecto a la medida, aunque, al igual que la AVV, critica la falta de comunicación del Concello en relación a la medida. Según señala su presidente, Álvaro González, los profesionales del barrio “tienen el miedo normal a estas situaciones”, principalmente por aquellos detalles que pueden afectar a su actividad, como la posibilidad de acceso a quienes trabajan pero no viven en la ZBE, qué sucederá cuando alguien cambie de coche o cómo funcionará la entrada de proveedores. En este sentido, González apunta a que la incertidumbre no gira en torno al funcionamiento en sí de los negocios, dado que económicamente no tendrá un impacto significativo –gracias, entre otras cosas, a los nuevos aparcamientos disuasorios, que facilitan el tránsito de clientes–, sino a aquellas situaciones imprevisibles, como tener que realizar una compra de último momento o una salida inesperada. “El barrio tampoco tiene tanto flujo de vehículos como para que complique la visita. Es pequeño y llegas rápido a cualquier sitio”, afirma, insistiendo en que son las excepciones lo que preocupa al sector.
