“Soy cargo sindical desde 1966. Me entrevisté con personalidades del Gobierno y de fuera del Gobierno. Intenté defender los intereses de los trabajadores, de mis compañeros (...). Si todo esto implica que soy un terrorista, lo seré toda mi vida”. Rafael Pillado fue uno de los seis procesados que quiso hacer uso del derecho a pronunciar unas últimas palabras antes de que el Tribunal de Orden Público (TOP) se retirara a deliberar tras el conocido como “Juicio de los 23” —sumario 489/72—, que sentó en el banquillo a los acusados de instigar los disturbios del 10 de marzo de 1972 en Ferrol.

Junto a él, la justicia franquista acusó a Manuel Amor y a José María Riobóo, siendo los tres líderes del sindicalismo español que más tarde salieron de la cárcel: el 5 de febrero de 1976, después de casi cuatro años privados de libertad.

Pero en el banquillo no estaban solos y veinte nombres más se sumaron a los suyos aunque no todos estuvieron presentes en las sesiones. Así, tal y como recoge el capítulo dedicado al proceso dentro de la publicación “10 de Marzo. Un conflicto del movimiento obrero gallego por la democracia” coordinado por José Gómez Alén (editado por Fuco Buxán y la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática en 2022), había entre ellos 17 hombres y tres mujeres.

Los otros 20

Por orden alfabético, el resto de procesados eran Sari Alabau (29 años, profesora en la Jorge Juan), a quien relacionaban con los hechos por ser directiva del Centro Social de Santa Mariña; Julio Aneiros (59 años y trabajador de Bazán), la “figura más emblemática” del movimiento obrero ferrolano; Rafael Bárez (29 años), abogado culto al que acusaban por “asociación ilícita”; José Manuel Caneiro (17 años), un estudiante al que imputaban “terrorismo”, y Rufino Corbato, un joven asturiano que estudiaba en la Politécnica de Serantes y, acusado de pertenecer a la célula comunista de “los intelectuales”, alegó que lo hacía para un trabajo de investigación, logrando que el TOP le impusiese solamente una sanción leve.

La lista continúa con Ángel Cortizas Doménech, profesor del Dafonte; Luis Fernández Escorcia (39 años), gruista del puerto; Juan Ángel Fernández, secretario de la Cofradía de Pescadores, e Ignacio Fernández Toxo (22 años entonces y, entre 2008 y 2017, máximo dirigente de CCOO en España), que logró escaparse y permanecer ilocalizable, con lo que no acudió al juicio.

Estaba prevista una duración de cinco jornadas y al final se celebró en los primeros tres días del mes de julio de 1975 en la capital española

Asimismo, fueron juzgados Pedro López Bonome (44 años), imputado por subirse a un camión para decir en voz alta, el 10 de marzo, lo que le susurraba Pillado, afónico, con la idea de que la gente se dispersase; Manuel López, soldador; Eduardo Lodeiro; José Loureiro Lugrís (46 años, enlace sindical); Julio Pérez de la Fuente (27 años, profesor en la Jorge Juan); Manuel Pillado (59 años, padre de Rafael), que era el patrón del pósito ferrolano durante los sucesos; Vicente Tojeiro, que estaba haciendo la mili y no obtuvo permiso para acudir al juicio; José Torregrosa, profesor y periodista, otro de los “intelectuales”; Manuela Balbina Valcárcel Luaces, Mela “la Carbonera” (50 años), acusada, en su caso, de integrar un piquete que fue cerrando los negocios de la ciudad tras conocerse los asesinatos de Amador y Daniel; Josefa Varela (33 años), a la que también relacionaban con la supuesta “coacción” a comerciantes, y Alfonso Veiga, pintor de 17 años en una empresa auxiliar del astillero.

Defensa política

Presos políticos, acusación política y un tribunal político que esgrimía un objetivo en el mismo sentido: que las penas de los encausados fuesen disuasorias para la oposición democrática. La Fiscalía los acusó inicialmente de asociación ilegal por su pertenencia al Partido Comunista, de manifestación no pacífica por “provocar” a la Policía el 10 de marzo y “obligarla” a defenderse con munición real, y de terrorismo, al entender que esa fue la motivación de aquellos quienes pidieron a los comercios que se cerrasen.

Con estos mimbres, los abogados defensores centraron su estrategia en demostrar que la manifestación del 72 que acabó en tragedia tenía un origen laboral y que los negocios en Ferrol cerraron voluntariamente en luto por los muertos y los heridos.

Entre los hombres y las mujeres que tomaron parte de la defensa, estaban algunos de los que integraban el tristemente famoso despacho de Atocha, donde el terrorismo de ultraderecha mató a cinco letrados en 1977. Voces como las de José Luis Núñez, Cristina Almeida, Jaime Sartorius, Alberto Ruiz Sechi, Leopoldo Torres Boursault, Manuel Murillo, José Manuel López, José Díaz Echegaray, José Luis Martínez Gerez, Antonio Vázquez, Juan Barona Fernández, Antonio Rato y Rodríguez de Moldes, Jaime Miralles o Jaime Gil-Robles sonaron aquellos días en la sala pronunciando alegatos que fueron más allá de los hechos, echando por tierra las versiones de los policías e intentando evidenciar ante la comunidad internacional que a España le quedaba todavía un largo camino hasta la democratización y la modernidad.

Observadores

Que los sucesos hubiesen ocurrido en la ciudad donde nació el dictador, y se juzgase no solo a obreros, sino también a otros ferrolanos, intensificó el interés internacional y fueron cuatro los observadores que siguieron atentamente las sesiones: dos alemanes y dos estadounidenses.

Se sorprendieron de la cantidad de gente solidaria que llegó de Ferrol, enumeraron un sinfín de cuestiones que no tenían cabida en un país libre y concluyeron que “todo lo que los procesados piden son derechos que existen en países democráticos”.

Por otro lado, la prensa internacional y los españoles en el exilio —especialmente los propios ferrolanos en Francia— contribuyeron también a amplificar el proceso de los 23 en todo el mundo; sin embargo, el papel de Ferrol Diario, El Ideal Gallego y La Voz de Galicia fue crucial para que la información llegase a la ciudad naval.

Relata Man Castro, director-fundador de Diario de Ferrol y en aquel momento en la cabecera ferrolana, que la portada del 23 de julio, en la que salían los rostros de los encausados, fue especialmente “atrevida” y levantó ampollas entre los sectores conservadores de la ciudad, al igual que aquella en la que ilustraban la Xunta Democrática reunida clandestinamente en el Parador.

Pillado, Amor y Riobóo fueron condenados a siete años de cárcel, Bonome a cinco, Julio Aneiros a tres y siete meses, Luis Fernández a dos años, Manuel López a año y medio, y José Loureiro, Fernández Toxo y Mela “la Carbonera” a un año de prisión. El resto recibieron “la absolución”.