La CIG anunció este jueves que impugnará el Expediente de Regulación de Empleo –ERE– presentado por Einsa Print. El sindicato nacionalista responde así a la decisión de la empresa de comunicar a la autoridad laboral la ejecución del despido colectivo. Tenía quince días a contar desde el jueves pasado, cuando finalizó el periodo de consultas, para hacerlo y fue ayer cuando lo hizo efectivo. 

La parte social lleva semanas incidiendo en que el ERE es “fraudulento”. Recuerda que en febrero de 2024 se aplicó otra regulación, entonces para 120 empleados de la planta de As Pontes, con el compromiso de estabilidad laboral hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2026 y de presentar un plan industrial que garantizase la viabilidad de la firma dedicada a las artes gráficas. “Non hai novas causas sobrevidas para un novo ERE”, apunta, “así que é o mesmo que entón”.

El ERE afecta a un centenar de empleados, pero la inmensa mayoría (95) son del centro de trabajo de Penapurreira. En la práctica supondrá el “peche definitivo” de las instalaciones, lamenta la central sindical.

La información remitida por Einsa Print a la comisión negociadora avanza que hasta el 8 de agosto se despedirá a 79 personas y las 21 restantes se ejecutarán antes del 31 de marzo del año que viene. La asamblea ya rechazó en su momento fraccionar en dos el pago de las indemnizaciones porque entiende que con esta operación Einsa estaría “utilizando os nosos cartos para financiar o cambio de actividade”. Dan por sentado, así, que la firma quiere cambiar de sector y, añade la CIG, “dar un pelotazo a conta dos terreos que adquiriu a prezo moi vantaxoso e das naves que construíu con substanciosas axudas públicas”. Cabe recordar, en ese sentido, que Einsa fue la primera empresa que se instaló en el parque empresarial de Penapurreira en el marco del plan de desarrollo por el cierre de la mina. 

Los ánimos entre los trabajadores están caldeados, como confirmaba esta misma semana el presidente del comité, Antonio García, que el lunes criticaba que en la reunión con el director xeral de Desenvolvemento Enerxético, Pablo Fernández Vila, se propusiese una mediación “cando nós pedimos no ampliar o periodo de consultas sen que nos fixesen nin caso. Está claro que esta manobra é unha chantaxe co único obxectivo de forzar un acordo e evitar que o ERE sexa impugnado nos xulgados”, cosa que no sucederá, como anunció ayer el sindicato.