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miércoles | 15 mayo | 2024
El cierre definitivo de la central térmica de As Pontes alcanzó un nuevo hito con la adjudicación de los trabajos de predesmantelamiento de las instalaciones. De ello informó ayer la Xunta, durante la última reunión de la Mesa de trabajo de esta localidad, en la que se abordaron los últimos avances de este proyecto y su impacto en el empleo.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la administración autonómica de San Caetano, participaron la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana; el presidente de la Diputación y alcalde del municipio, Valentín González; portavoces de los sindicatos CCOO, CIG y UGT y de la propia Endesa; así como representantes del Instituto de Transición Justa y de las asociaciones empresariales y de hostelería de la villa. Así, según detalló Lorenzana, los trabajos para la primera fase del cierre de las instalaciones ya estarían adjudicados a la empresa preseleccionada por Endesa, por lo que solo quedaría firmar la documentación para iniciar las labores.
En este sentido, la responsable autonómica de Industria señaló que, una vez formalizado el contrato, las organizaciones sindicales serían las encargadas de trasladar a la empresa –de la cual no se ofrecieron detalles– “o listado de traballadores afectados” de cara a “abordar a súa recolocación mentres que duren os traballos de predesmantelamento”.
Si bien la adjudicación de las labores es un paso importante, desde la parte social se ha ofrecido una visión menos optimista de la situación. Y es que, como explicó ayer Fernando Branco, portavoz de la CIG en este encuentro, la compañía seleccionada aún se encuentra revisando la documentación y, por ello, no se van a cumplir los plazos para evitar los despidos en las industrias auxiliares.
En este sentido, desde la central nacionalista se recordó que mañana mismo finaliza el contrato de Endesa con sus compañías complementarias, lo que se traduce en numerosos despidos en sus plantillas ante la falta de actividad. “Endesa dixo que ainda non había unha empresa concesionaria para o predesmantelamento en firme, que había unha que tiña o contrato, pero que o estaba revisando todavía”, explicó Branco, señalando que esta situación hace inviable cumplir con el compromiso de dar continuidad a los empleos a partir del 1 de diciembre. A raíz de esta coyuntura, detalló el portavoz de la CIG, durante la reunión no se pudo firmar ningún acuerdo como estaba previsto ni se puede garantizar la carga de trabajo en la villa.
Por último, desde la parte social se trasladó que se va a exigir a las administraciones implicadas una continuidad de esta Mesa, de forma que vele por la buena marcha de los futuros proyectos que se pondrán en marcha.
El Parlamento de Galicia abordó ayer nuevamente la situación de los trabajadores de la firma gráfica Einsa Print de As Pontes. El grupo del BNG presentó en la Comisión 6ª de Industria una pregunta para su respuesta oral mediante procedimiento de urgencia de cara a instar a la Xunta a intervenir en el ERE presentado por la compañía y para conocer las ayudas autonómicas de las que se benefició la misma.
Así, la directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, detalló, respecto a este segundo punto, que la corporación se benefició en su momento de créditos por valor de dos millones de euros, pero que los mismos “foron devoltos” y que no le consta ninguna deuda con la administración autonómica. En este sentido, Mancha señaló que las mencionadas subvenciones fueron concedidas hace “moitísimo tempo” y que, de hecho, en la última convocatoria de ayudas a la que Einsa se presentó, en 2010, no se le concedieron fondos al no cumplir con los requisitos exigidos. De este modo, la secretaria xeral explicó que, si bien en el pasado fue beneficiaria de subvenciones con la contraprestación de mantener el empleo, el plazo de las mismas ya expiró y que “en principio, cumpriu co diñeiro público que puido recibir”.
En cuanto a la paralización del ERE, Elena Mancha defendió que la legislación vigente “non prevé de ningún xeito” esta medida, salvo que se constate que la empresa está actuando de mala fe. “Non podemos forzar a máquina –en referencia a la petición del portavoz del BNG, Ramón Fernández– nin facer nada diso porque a Lei o impide”, señaló la directora xeral, detallando además que, de intervenir, la firma podría pedir “responsabilidad penal, administrativa ou patrimonial”.
