El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de información clasificada en el que se establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podría hacer pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F si la norma se aprueba a finales de este año, "salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa".

Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que esta nueva ley viene a sustituir a la norma de secretos oficiales del franquismo, que se aprobó en 1968, y ahora se remitirá al Congreso para que inicie el trámite parlamentario.

Además del límite de los 45 años para desclasificar información calificada como alto secreto, también habrá la posibilidad de una prórroga de 15 años más y será el Consejo de Ministros el órgano que tendrá que decidir sobre este asunto.

En el caso de la documentación de secreto, el límite para hacerla pública será de 35 años con prórroga de 10 años más. Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.

Bolaños ha detallado que la nueva ley de información clasificada entrará en vigor "justo un año después" de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este contexto, el ministro ha interpelado veladamente a los socios de Gobierno para que apoyen esta norma y ha señalado que si la tramitación parlamentaria fuera "rápida" la ley podría estar en el BOE en el último trimestre de este año.

"Si fuera así, estoy hablando de una hipótesis, lógicamente los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos y hay que conseguirlos, pero entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Es decir, incluiría el año 1981 y anteriores, por lo que entraría el año del 23-F", ha añadido Bolaños.

Afectaría a don Juan Carlos

El ministro también se ha referido a la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para que se desclasifiquen todos los documentos de la dictadura relativos a la Iglesia Católica y al rey emérito Juan Carlos I.

Al respecto, Bolaños ha insistido en que la ley recoge que toda la documentación clasificada con más de 45 años de antigüedad será desclasificada de manera automática, salvo que afecte a la seguridad nacional o a la Defensa.