El Consejo de Ministros ha decidido este martes autorizar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente.

"El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell, con la condición de que durante los tres próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad", ha explicado Cuerpo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Transcurridos estos tres años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de otros dos años.

El Gobierno llevaba deliberando casi un mes sobre esta operación, después de que el Ministerio de Economía decidiera elevar el caso al Consejo de Ministros al percibir posibles impactos en el interés general.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo había percibido un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.

Esta decisión se produce después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la OPA con condiciones y tras recibir la no oposición por parte del Banco Central Europeo.

El Gobierno también ha decidido mantener los compromisos que aceptó la CNMC por parte de BBVA para autorizar la operación. Además, en la rueda de prensa, el ministro Cuerpo ha enfatizado en que no se podrán realizar expedientes de regulación de empleo relacionados con este proceso debido a que ambas entidades tendrán que seguir siendo independientes.

La decisión del Gobierno está fundamentada en cinco criterios de interés general distintos de la competencia: garantizar que se cumplen objetivos de regulación sectorial, proteger a las plantillas, la cohesión territorial, la política social y la promoción de la investigación y desarrollo (I+D).

Esta autonomía en la gestión de la actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones de financiación y crédito, particularmente a pymes; recursos humanos, red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de su fundaciones.