jueves 28/1/21

La Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas presenta alegaciones al Plan Forestal

La Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas do Eume, que aglutina a la mayoría de los propietarios de terrenos de la zona con más de 400 socios,

El 80% de la superficie del parque natural está en manos privadas | meis
El 80% de la superficie del parque natural está en manos privadas | meis

La Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas do Eume, que aglutina a la mayoría de los propietarios de terrenos de la zona con más de 400 socios, y representados por el bufete de abogados Pilar Martínez, presentó alegaciones a la primera revisión del Plan Forestal de Galicia por impedir el desarrollo socioeconómico en el parque natural cuyo 80% de superficie está en manos privadas.
Los propietarios reclaman la necesidad y obligación de compaginar la conservación de los valores naturales con el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales, a la propiedad privada en su vertiente de necesaria indemnización por su privación justificada, el de desarrollo socioeconómico de la zona rural, el de la igualdad o el derecho a la equidistribución de pérdidas y ganancias.
La Unión de propietarios solicita a la Xunta que examine si el nivel de conservación de determinadas zonas es el adecuado y, en caso negativo, si resulta reversible y por ello aconsejable imponer medidas que resultarían ineficaces. También reclaman que se analicen si las medidas de preservación que se proponen para zonas óptimamente conservadas son verdaderamente necesarias, así como si se llevan a cabo los controles que permitan concluir si son o no eficaces.
Además instan al ejecutivo gallego a que permita un proceso de participación pública verdadero. Según recuerda la abogada, Pilar Martínez, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige la previsión o memoria económica que ha de traducirse en la aprobación de partidas presupuestarias específicas para compensar e indemnizar a los propietarios y titulares de derechos e intereses afectados con la entrada en vigor del nuevo plan. “No podemos exigir que sea el patrimonio particular de determinados ciudadanos el que contribuya a la conservación, como bien de interés público, sin ningún tipo de compensación para ellos”, señala. l

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