Una familia con una vivienda en Lugar do Vieiteiro, en la parroquia valdoviñesa de Pantín, denuncia los problemas que padece día a día en su hogar debido a la actividad del sector maderista. S.G. explica que en la parcela colindante a la casa de sus padres –personas mayores y cuyo estado de salud se agrava “a pasos agigantados”, remarca– se almacenan troncos “de unas dimensiones significativas”, que son recogidos por camiones de gran tonelaje.

Estos trabajos se llevan a cabo, expone, “a escasos centímetros de nuestra vivienda, tirando troncos al interior de la misma y derrumbando los muros, sin tener en consideración si matan a los habitantes, incluidos niños”, relata a este Diario.

“Aparte de formar nubes de polvo”, relata esta vecina, “hacen tal ruido que tiembla la casa. Además, estamos expuestos a la caída de la grúa en cualquier momento y privados de intimidad, pues trabajan de ocho de la mañana a ocho de la tarde”, añade.

Esta situación se ha visto agravada en los últimos tiempos, explica S.G., aunque los problemas se remontan a hace casi siete años. La familia sostiene que ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, “emitiendo informes al Ayuntamiento. Sin embargo, la situación sigue igual”.

Los residentes añaden que “la cuestión no es si los madereros tienen permiso para trabajar o no, sino de la manera en la que lo hacen”, expone esta vecina, que ha puesto el problema en manos de un abogado.

Denuncias

Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el Concello de Valvodiño explican que las propiedades colindantes a esta vivienda se ubican en una zona forestal que da salida a la actividad extractiva que se realiza en Os Penedos, estando una de estas parcelas autorizada como cargadero.

Sin embargo, el Consistorio ha iniciado de oficio en este tiempo “varios expedientes y también denuncias” al detectar, por ejemplo, talas sin autorización o por carecer del permiso de ocupación de la vía pública, culminando algunas de ellas en sanción y no teniendo competencias para intervenir, sostiene el ejecutivo local, “en problemas estrictamente civiles”.