en este tiempo incierto y desafiante, los principios generales del Derecho, que tienen validez universal, global, y que son la encarnación de la justicia, han sido desplazados por los mitos de la eficacia o de la eficiencia, en aras de una dominación global. Junto a ellos ha surgido una peligrosa obsesión por el dinero y el poder que han terminado por hacer del Derecho, en muchas partes del mundo, no solo las terminales del poder financiero o político-partidario, sino un instrumento que se puede manejar según convenga al servicio del poder económico o del poder político de turno. Así, de esta manera, el Derecho ha sucumbido en buena parte del mundo a los embates de los poderosos, convirtiéndose, en lugar de la aspiración a la justicia, en la prolongación del mismo poder que aherroja y aliena.

Los principios de buena fe, racionalidad, proporcionalidad, trasparencia, hoy tan reclamados como preteridos precisamente en la crisis del coronavirus, son las bases del nuevo orden jurídico global que se debe construir. Se celebra un nuevo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos todos los días 10 de diciembre y casi nadie saca a relucir la realidad de lo que ocurre, porque tal cosa podría contrariar la forma de vida de esos funcionarios de las tecnoestructuras, publicas y privadas, que se han acostumbrado nada menos que a vivir, y nada mal, de los grandes principios fundantes del pensamiento democrático, mientras millones y millones de personas apenas cuentan para nada, tal y como hoy refleja la amarga realidad que estamos viviendo en todo el mundo salvo.

Cuando los principios generales del Derecho, también a nivel global, están presentes en el diseño, itinerario, aplicación e interpretación de las normas jurídicas, éstas tienen sentido, son congruentes y se ordenan a alcanzar criterios de justicia. Los principios generales del Derecho son, lo ha dicho el Tribunal Supremo español, el oxígeno, la atmósfera que deben respirar las normas. Por eso, la regulación global que ha de venir debe partir de estos principios para evitar que se vuelva a repetir lo que ha pasado.


Pedir regulación global es reclamar una mejor y de más calidad tarea de prevención de los riesgos de cualquier naturaleza: sanitarios, climáticos, financieros, agrarios, pesqueros, ganaderos, industriales…. una más adecuada supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios generales del Derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.


Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. Más bien, se trata probablemente de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Algo que, por lo que se ve, todavía no ha sido bien asumido pues de nuevo volvemos a una nueva crisis a la que aplicamos viejos soluciones, viejas formas de manipulación y propaganda. Todo por culpa de esa ideologitis que impide ver la realidad, tender puentes y, sobre todo, concitar entendimiento y unidad para entre todos salir adelante. Algo que solo entienden los estadistas, no una cuadrilla de ineptos y mediocres como los que en tantas latitudes tienen a su cargo nada menos, pobres ciudadanos, salvar vidas humanas y proteger a los más débiles y desvalidos. Así, claro, pasa lo que pasa y vemos a diario lo que vemos.