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viernes | 19 abril | 2024
El domingo día 8 la Policía Portuaria de Ferrol sorprendió a seis ciudadanos de la República de Albania tratando de entrar de polizones en un buque de mercancías que partía esa misma noche con destino a Reino Unido. El incidente, de por sí no demasiado sorprendente o incluso espectacular, adquirió una gran relevancia mediática tanto por su relativa rareza en las instalaciones portuarias de la ciudad naval como por el hecho de que ocurriese prácticamente a plena luz del día. La curiosidad alrededor del mismo se agravó por la circunstancia de que estos aspirantes a polizones –porque como bien explica Pablo Pérez Lorenzo, sargento del Puesto Fiscal de Ferrol de la Guardia Civil, “polizones son cuando entran de forma irregular en territorio nacional escondidos en un barco”– estaban supuestamente relacionados con la mafia albanesa, una afirmación cargada de matices y, tristemente, con un gran potencial propagandístico por parte de ciertos sectores políticos.
La realidad, no obstante, es que, pese a tratarse de un hecho aislado y puntual, no ha sido el único y deriva, además, de una problemática que ha afectado a los puertos de interés general del Estado, especialmente Bilbao y Santander, en el último lustro. De hecho, la anterior intentona en Ferrol de colarse en un buque con destino a Reino Unido se registró apenas tres semanas antes, el 20 de julio, cuando otros cuatro migrantes albaneses fueron sorprendidos por la Policía Portuaria y puestos a disposición de la Policía Nacional. “En otros puertos españoles es una cuestión que viene de lejos y los intentos de acceso a recintos portuarios son mucho más notables, mientras que aquí son algo anecdótico. En 2018 creo que hubo una única ocasión; en el 2017 no hubo ninguna; en 2019, dos o tres... Algo muy esporádico y aunque ahora parezca que va ‘in crescendo’, sigue siendo muy residual”, explica el sargento Pérez Lorenzo.
Como ya se había señalado, el fenómeno de los migrantes albaneses tratando de llegar a Reino Unido a través de buques procedentes de España comenzó a repuntar en 2016, prácticamente coincidiendo con la votación del Brexit –y, en cierto modo, reforzándose con la invocación del artículo 50 un año después–. Según explica Pedro Suárez, secretario general del Sector Mar de CCOO y antiguo miembro de la Secretaría General de CCOO Interpuertos, esta situación proviene de Francia, más concretamente del puerto de Calais. Ante el aumento de intentos de acceder a las instalaciones portuarias, las autoridades galas reforzaron las medidas de seguridad, lo que a su vez lleva a estos grupos a buscar puntos de acceso de menor riesgo.
“A partir de 2016 detectamos este tipo de inmigración en los puertos del norte y empezó por Bilbao. Esta era una novedad. A su inicio empezaron un año 300, al siguiente 600 y acabaron alcanzando entre 1.500 y 2.000”, apunta Suárez. La reacción de Bilbao, al igual que la francesa, pasó por reforzar las medidas de seguridad –por ejemplo, construyendo muros de cuatro metros de altura–, lo que logró frenar el aumento exponencial de casos, pero no erradicarlos. “Lo hacen básicamente a través de los camiones; o bien cortan el toldo de la carga y se meten, o lo hacen por los bajos o por donde puedan. Últimamente incluso se meten dentro de los tubos de aerogeneradores que se están llevando al Reino Unido”, explica el secretario general.
Al igual que pasó con Francia, con el refuerzo de las medidas de seguridad en Bilbao estos grupos dedicados al tráfico de personas buscaron un nuevo punto de entrada a las islas británicas, siendo Santander el siguiente paso lógico por su servicio de ferry. Una vez más la situación se repite; las autoridades incrementan las medidas de seguridad, construyen muros para proteger las instalaciones y el acceso a los camiones, y, como respuesta, la “mafia” busca otros puertos: Gijón y, en menor medida, Ferrol.
Una vez conocido el origen de la problemática y antes de pasar a sus repercusiones es importante hacer un inciso para hablar de estos inmigrantes y los grupos que organizan la entrada a los puertos. Como ya se había mencionado, esta clase de fenómenos tienden a generar una gran respuesta mediática, un sentimiento de alarma entre la población y un potencial uso de los mismos con motivos propagandísticos; es por ello que es imperante matizar la utilización del término mafia a la hora de referirse a estas personas.
Tal y como explica el secretario general del Sector Mar de CCOO Pedro Suárez, “cuando se habla de mafia albanesa nosotros lo que entendemos es un tipo de organización de tráfico de personas. Lo que organizan es al albanés que viene, donde reside, el tiempo que está, le aconsejan al puerto que tiene que ir, buscando los puertos más débiles en cuanto a la protección. Sí, en la práctica es una banda criminal porque se dedican al tráfico de personas y a la entrada en los buques, que es ilegal”. No obstante, eso no significa que los migrantes en sí formen parte de estas organizaciones, algo que se ha señalado tanto desde la parte social como desde las Fuerzas de Seguridad. “Los polizones en sí lo que son es sufridores de lo que les quieran cobrar estas mafias por darles el “servicio” de mantenerlos y un sitio para estar hasta ver la mejor oportunidad para embarcar”, sentencia Suárez.
Del mismo modo se expresa Francisco Pena, secretario general de la Sección Sindical de CCOO del Puerto de Ferrol, presidente del comité de empresa y policía portuario, que apunta que estas personas “son gente que quiere, por una necesidad o por la ilusión de emprender un proyecto vital porque no puede en su país o no puede en España y, como hay una comunidad albanesa importante asentada en Londres y en alguna otra ciudad de Inglaterra, buscar quizás lo que sus conciudadanos encontraron allí. Lo malo es que se hace por unos medios que a lo mejor acabas cayendo en las redes de una mafia”.
En este sentido, el presidente del comité destaca algo de gran importancia: que no hay que generar alarma social. “La ciudadanía tiene que estar tranquila; tenemos que estar tranquilos todos. No ha habido ninguna agresión y estos súbditos albaneses se han comportado en todo momento bien, más allá de la ilegalidad de traspasar esos límites de saltar la valla”, apunta, al tiempo que reitera que en ningún momento, ha habido “ningún problema” con estas personas.
El último punto importante a tratar en este asunto es la problemática en sí que pueden llegar a generar estos intentos de entrar en las dársenas ferrolanas. Por una parte, evidencian la falta de medios de la Policía Portuaria, que si bien nunca ha tenido problemas tampoco se siente lo suficientemente protegida ante estas u otras incidencias. “Dentro de lo que es el sistema portuario, los puertos gallegos y en concreto el de Ferrol no cuenta con el mínimo estándar de los equipos de autoprotección de la Policía Portuaria”, señala Pedro Suárez, recordando que “desde años posteriores a la crisis de 2008 ha disminuido el número de efectivos y eso ha propiciado una serie de tensiones a la hora de prestar el servicio”. Francisco Pena, por su parte, incide también en que “hay una necesidad más que justificada” de contar con más plazas y si bien admite que “no puedes pedir por pedir porque no hay por qué sobredimensionar las plantillas sin motivo”, también apunta que el número de efectivos “ha disminuido en los últimos diez años y cada día se tiene más trabajo”.
Con respecto a esto, desde la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se ha aseverado que “precisamente este mes se incorporarán tres nuevos agentes de Policía Portuaria para reforzar el cuerpo con motivo del Brexit”. No obstante, se hace hincapié en que la detención de potenciales polizones no forma parte de las atribuciones de estos agentes, sino de la Policía Nacional –quien tiene competencias en materia de extranjería– y que, por tanto, su papel es el de “ofrecer apoyo con medios personales y materiales”.
El segundo y último problema, explican desde CCOO, es que estos intentos de abordar un barco suponen inseguridad para las navieras, que pueden llegar a afrontar sanciones si se detectan polizones abordo al llegar al Reino Unido. Afortunadamente, desde la Autoridad Portuaria se afirma que “no constan en las que operan en Ferrol este tipo de sanciones económicas por el hecho en sí de que se les cuelen polizones”. Cabe recordar, para finalizar, que tanto la parte social como la empresarial y la Guardia Civil han insistido en que todos los episodios registrados han sido “puntuales” y, como señala el sargento Pérez Lorenzo, “han concluido con éxito al ser localizados por nosotros o por la Policía Portuaria”.
