La crisis de la covid está golpeando de forma especial al colectivo de generaciones más jóvenes, que aún arrastran las consecuencias de la anterior recesión, como fue, entre otras, el fuerte descenso en el nivel de renta. Y la pandemia en curso va a intensificar las tendencias negativas. Viene, pues, a llover sobre mojado.

En consecuencia, amén de las reforma prioritaria de las políticas activas de empleo, serán son precisas actuaciones para paliar el impacto en procesos vitales clave, como la emancipación, la decisión de ser padres o el derivado del mercado inmobiliario. El panorama, en definitiva, que a tal colectivo se presenta no deja de ser sombrío.

Estos son los mensajes más relevantes del estudio “La crisis del covid-19 y su impacto en las condiciones económicas de las generaciones jóvenes”, del que es autor el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, y que ha sido presentado con ocasión de unas jornadas promovidas por la Asociación de periodistas de información económica.

El firmante del informe habló del incremento de la “vulnerabilidad laboral” entre los trabajadores de menor edad. Los jóvenes se han beneficiado menos de la aplicación de los ERTE. Seguramente –explicó– por su elevado grado de temporalidad. El caso es que esta herramienta no les ha facilitado con el paso de los meses la reincorporación a la actividad laboral y su probabilidad de volver a trabajar es menor.

En los últimos años sus contratos han descendido en duración y número de horas trabajadas. Y en los menores de 30 años con estudios bajos la duración media de sus contratos ha caído en la última década desde cuatro meses hasta por debajo de los tres.

Arce recordó así mismo que muchos de los jóvenes ocupados lo hacen en las llamadas “industrias sociales”, como la hostelería y el comercio, que siguen sufriendo considerables y recurrentes limitaciones en la actividad y que en no pocas situaciones cuentan con memos potencial para el teletrabajo.

Por todo ello avisa de que ya se nota el hecho de que la crisis en curso está afectando a las rentas de los más jóvenes, como lo evidencia el incremento del porcentaje de jóvenes sin ingresos: si en febrero de 2020, es decir, antes del estallido de la pandemia, éstos suponían el 30 por ciento de los menores de 30 años, en diciembre siguiente ya representaban un 35 por ciento.

A su juicio, el cuadro se completa con un problema estructural –la presión progresiva sobre el sistema público de pensiones por el envejecimiento– y otro de origen coyuntural, cual es la elevada factura sobre las Administraciones públicas de la lucha contra la pandemia y que se traduce en una deuda pública del 120 por ciento del PIB; nivel este que se mantendrá si no se aplican medidas de ajuste cuando la recuperación económica se haya encarrilado.