El Estado de Derecho en entredicho

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La historia está plagada de situaciones límite en la que algunos gobiernos sometidos a estados de pánico, se vuelven paranoicos, extremadamente peligrosos para la ciudadanía y con el resorte del poder en estado de ebullición. La tentación es máxima, tratan de cerrar sus propias vías de agua hundiendo el barco, globalizando el miedo y aflorando leyes que restringen la posibilidad de ser censuradas.
Quienes ya peinamos canas recordamos perfectamente el final del Régimen Franquista, con “estados de excepción” y todo el sistema en alerta máxima para su propia subsistencia. Fueron tiempos muy duros, con fusilamientos incluidos y un nivel de violencia del aparato del Estado que predecía el final de un régimen que iba a “vender caro” su extinción.
Acaba de aprobarse en Las Cortes La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ha  suscitado el rechazo  de toda la oposición, encabezada por el PSOE, que considera que la nueva ley limita derechos fundamentales, como el de manifestación y reunión, y constituye un ataque frontal a las libertades individuales. El PP en solitario dará validez a una ley que pone en entredicho la simple posibilidad de manifestarse ante un centro escolar o un Hospital de forma espontánea. La situación es desesperada para el Gobierno de Rajoy, con todos sus flancos abiertos y procesos judiciales acorralando a un partido que, todo indica, ha hecho trampas desde su aparición a finales de los años 80. El empobrecimiento general de la población, con el tándem Sanidad/Educación –el gran logro español- en caída libre y privatización encubierta, además de otros factores indica un final de ciclo. Todos los indicios nos hacen saber que estos gobernantes, la derecha, no se irán sin más.
El ministro del Interior, en estado de delirio, prepara los resortes que la Ley Mordaza le va a permitir usar, sin rubor, sin piedad. Se creen poseídos de la “verdad divina” y están dispuestos a someternos a penitencia. Les da lo mismo que el resto de la Cámara se muestre en contra, así han gobernado durante toda la legislatura. No les importa que los estamentos judiciales se hayan posicionado en contra de esta aberración jurídica; nada los detiene en su marcha hacia un estado policial. Con la nueva ley, las faltas que se sometían a control judicial previo serán castigadas directamente con sanción administrativa. De esta forma, la última palabra no la tendrá el juez, ya no hay control judicial, sólo la administración dándose la razón a sí misma. Esta Ley no sólo pretende castigar, quiere  hacerlo sin garantías, dejando en indefensión a todo ciudadano crítico. Entra en colisión con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El PSOE ha anunciado que revocará la ley mordaza cuando vuelva a gobernar, aunque para ser sinceros, poca credibilidad le queda a un partido que celebra pactos “en diferido” y además, todos recordaremos aquella famosa Ley Corcuera, la de “la patada en la puerta”.

El Estado de Derecho en entredicho