EMBARGOS Y DERECHO A LA VIVIENDA

Aestas alturas, ya nadie pone en duda que es una realidad que la terrible crisis económico-financiera que estamos padeciendo está afectando al derecho constitucional a la vivienda de muchas personas. Lo que quizás mucha gente no sepa es que cuando una entidad bancaria ejecuta la garantía, en caso de impago, el inmueble suele acabar subastándose. El precio que se alcance en esta subasta marca el valor de la vivienda y ésta siempre resulta más bajo que el precio de mercado.

Por otra parte, en los casos en los que no acuda ningún postor, algo muy habitual, el acreedor hipotecario (el banco) puede pedir la adjudicación del bien (la vivienda) por una cantidad igual o superior al 60% de su valor de tasación. Esto es, en la actual coyuntura económica las cantidades que se alcanzan con la subasta son muy inferiores al precio que se abonó por la compra de la vivienda. Y la mayor parte de nuestros responsables políticos, por no decir todos, siguen mirando para otro lado.

Mientras tanto millares de familias se quedan en la calle, sin vivienda, y con una deuda de por vida, una vez que la mayoría de las entidades financieras ofrecen unos modelos de préstamos hipotecarios cuyas cláusulas incorporan la garantía del artículo 105 de la Ley Hipotecaria, lo cual supone que el deudor (la familia) seguirá respondiendo del pago del préstamo con todos sus bienes presentes y futuros y no sólo con el bien hipotecario.

Por eso nadie puede quedarse con los brazos cruzados ante situaciones dramáticas que afectan al núcleo más básico del derecho a una vida digna, así como al derecho a la vivienda. Alguien tendrá que hacer frente al grave problema social planteado demandando actuaciones que palien las situaciones creadas, así como mejoras en el sistema que protejan de mejor manera los derechos ciudadanos.