LA LEY NO DEBE SER IGUAL PARA TODOS

Que todos deban ser iguales ante la ley, no quiere decir que la ley deba ser igual para todos. Cuando esto ocurre, se vulnera el más elemental principio de justicia que obliga a no tratar igualmente lo que es desigual ni a tratar desigualmente lo que es igual.
La historia política y social nos ofrece sobrados ejemplos de leyes injustas, por considerar en el mismo plano de igualdad al rico que al pobre; al poderoso que al débil; al trabajador que al indolente; al ahorrador que al pródigo y, en algunos casos, hasta al inocente que al culpable.
Esa mayor injusticia se produjo en el ámbito laboral con el llamado contrato individual de trabajo, que, a la sombra de una hipotética libertad e igualdad entre las partes, obligó al operario que era la parte más débil a aceptar condiciones laborales, tanto social como personalmente, totalmente inadmisibles.
De ahí nació el fenómeno del sindicalismo y la negociación colectiva, para hacer frente al principio “divide y vencerás” con su oponente de “la unión hace la fuerza”.
Pero superadas afortunadamente, aunque con gran sacrificio, esas injustas situaciones, con los avances sociales y de Seguridad Social desarrollados en Occidente existen otros muchos campos donde urge ese trato diferencial de la ley para reequilibrar la diferente situación política, social y económica de la sociedad y personas interesadas.
Esa necesidad se puso de manifiesto con la reacción social que se produjo en contra de los abusos de las entidades financieras y de crédito por las llamadas “cláusulas suelo”; los “contratos de adhesión” o la falta de claridad e información que existió en la comercialización de los productos mercantiles y bursátiles que se pusieron en el mercado a disposición del público.
En el fondo, con esta reacción popular, se trata de evitar situaciones de dominio o hegemónicas que atenten contra la libertad de mercado o vayan en perjuicio de la población más necesitada y menos preparada.
Abusar deliberadamente de la ignorancia o desconocimiento de las personas, con complejos y sofisticados medios de crédito, depósito o inversión, es actuar dolosamente y con engaño.
Esa corriente innovadora que reivindica el papel de la ley como principio que reequilibre las desigualdades sociales y económicas de la sociedad, se traduce en el terreno político superando el concepto abstracto y teórico de “ciudadano” por el más concreto y realista del “hombre en situación”, porque, en efecto, el hombre no es un robot ni un sujeto clónico.
Por ello, la política tiene que considerarlo en su individualidad, como rico o pobre; sano o enfermo; trabajador o en paro; con o sin techo; válido o dependiente. Sólo desde esa perspectiva y con esa óptica social se hará justicia a la persona y no a una entelequia o figura puramente irreal o ficticia.