La justicia vigila

Las tan polémicas acciones particulares preferentes emitidas por las entidades bancarias llevan en el ojo de la Justicia desde hace ocho años. En concreto en 2004 se dictó la primera sentencia relacionada con la reclamación de un ciudadano que vio como sus ahorros invertidos en ese producto financiero disminuyeron más que sensiblemente. Desde entonces, las resoluciones han sido constantes.

En las últimas decisiones, los tribunales, además de decretar la nulidad de los contratos firmados, han condenado a las entidades a la devolución de las cantidades. La primera sentencia fue dictada en noviembre de 2004 por la Audiencia de Baleares y estaba relacionada con la adquisición de preferentes de un banco por valor de 42.000 euros, efectuando diversos reintegros.

El subdirector del banco le “vendió” el producto asegurándole una mayor rentabilidad que en el depósito a plazo fijo en el que tenía ese dinero. Sin embargo, omitió la diligencia necesaria en la información que debía facilitar para que el suscriptor tuviese todos los datos para decidir. Y éste es el núcleo de las resoluciones, determinar si el cliente recibió una información detallada del producto financiero o la tenía de antemano, en cuyo caso los jueces absuelven al banco, o si, por el contrario, se limitó la misma a la alta rentabilidad que podían obtener.

En ese último supuesto, los jueces condenaron al banco al reintegro de las cantidades y los intereses que figuraban en el contrato. Además, se tiene en cuenta si ha habido algún tipo de presión a los clientes para adquirir esas participaciones.

Dos sentencias dictadas con un día de diferencia, los pasados 5 y 6 de julio, por las audiencias de Lugo y Madrid, detallan de forma minuciosa lo anterior. Madrid absolvió al banco, que al ofrecer el producto, no indujo a ningún error, ni hubo mala fe, ni se estaba haciendo pasar un producto de riesgo por otro conservador. En cambio, Lugo condenó y aludió a la presión que los empleados sufrían desde las altas instancias para colocar productos financieros, a la postre completamente contraindicados para un determinado tipo de clientes.

 

La justicia vigila

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