El secesionismo amenaza la recuperacion

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l hecho más destacable de la Diada del sí a la desobediencia y a la división es que fuera la menos masiva de las organizadas en los últimos años, a pesar de contar con la participación estelar de Puigdemont, Junqueras y la mayoría de sus consejeros, y haberla anunciado como el preludio del ‘referéndum de autodeterminación’ del próximo 1 de octubre (1-O). Dentro de lo malo, constituye una buena noticia que la primera Diada promovida abiertamente por el gobierno de la Generalitat y los diputados de Junts pel Sí (JxS) y CUP, declarados en rebeldía contra el Estado de Derecho desde que aprobaron la ‘ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament el pasado 6 de septiembre, haya sido un relativo fracaso.
Las cifras de asistencia publicadas oscilan entre 225.000 y algo más de un millón, ambas muy inferiores a las estimaciones hechas por esas mismas fuentes en citas anteriores. La realidad constatable por todo el mundo a través de las imágenes ofrecidas por televisión es que la inmensa mayoría de los catalanes se marcharon de fin de semana o se quedaron en sus casas. Si la intención de los organizadores era mostrar a los dirigentes de la UE el clamor unánime de la sociedad catalana en pro de la independencia, se puede afirmar que fracasaron estrepitosamente en el intento. Pero aunque el proceso, cada vez más radicalizado, se haya ido desinflando en los últimos meses, hay que reconocer la capacidad del movimiento nacional-secesionista para movilizar a sus bases una vez al año.
Nadie puede sorprenderse de que la llamada a rebato de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) consiguiera movilizar a una fracción (360.000 inscritos y 1.800 autobuses fletados según la ANC) de los votantes de JxS (1,62 millones) y CUP (336.000) en las elecciones autonómicas de 2015. Hay detrás una labor tenaz de propaganda y agitación en todos los rincones de Cataluña que cuenta con el apoyo, casi unánime, de los medios de comunicación públicos y privados, que la Generalitat financia generosamente para influir y deformar la opinión pública. A diferencia de la mayoría de asociaciones constitucionalistas que no tienen un duro, los tres tenores del orfeón secesionista nadan en la abundancia.
  Pasada la artificiosa celebración de la caída de Barcelona en 1714, la cuestión más perentoria ahora es afrontar el reto del referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea celebrar el 1-O y cuya campaña está en marcha. 712 alcaldes respondieron afirmativamente a la petición de Puigdemont de ceder locales municipales para albergar las urnas, mientras, Trapero, mayor de los ‘mossos’, ordenaba a petición de la Fiscalía investigar los preparativos del referéndum sin resultado práctico hasta ahora. Algunas agencias de calificación han advertido del riesgo que entraña la secesión de Cataluña para la calificación de la deuda pública, y varios bancos de inversión han apuntado que podría elevarse la prima de riesgo e incluso recomendado vender deuda española. Aunque estamos muy lejos de la dramática situación vivida en 2012, conviene recordar que pocas cosas espantan más a los inversores que la inestabilidad política y la inseguridad jurídica. 
Al gobierno de la Generalitat parece importarle un bledo que se hunda un poco más la calificación de su deuda –desde hace años no tiene acceso al mercado– y se eleve la prima de riesgo de la deuda española, creyendo erróneamente que el Gobierno de España se avendrá a negociar el referéndum si empeora la situación. Craso error porque lo único que pueden lograr apostando al “cuanto peor para ellos, mejor para nosotros” es que a todos nos vaya peor. Cataluña no va a alcanzar la independencia mediante un referéndum pactado porque el gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas no cuentan con el apoyo mayoritario de los catalanes, ni con el aval de los partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que representan a la mayoría de españoles, ni con el respaldo de ninguna institución internacional, como la ONU o la UE, dispuesta a dar pábulo a sus cínicas apelaciones al derecho de autodeterminación. Hasta el momento, Puigdemont y Romeva sólo han conseguido tras infinidad de costosos viajes promocionales concitar el apoyo de algún diputado estonio y un desinformado premio Nobel de la Paz. España se juega en las próximas semanas la credibilidad política, desde luego, pero también la estabilidad económica. La estrategia de mano tendida seguida por el Gobierno hasta pocas semanas y la calculada ambigüedad del PSOE-PSC sobre el encaje de Cataluña, lejos de tener efectos balsámicos, nos ha llevado a una situación cada vez más enconada. Además de las acertadas medidas aprobadas en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para controlar los pagos de nóminas y las facturas de proveedores de la Generalitat, el Gobierno tiene que exigir responsabilidades a interventores y a responsables de ordenar pagos en el sector público catalán y recuperar los recursos públicos destinados a actos ilícitos, como al 9-N y el 1-O, o a financiar actividades del Departamento de relaciones exteriores, el consorcio Diplocat, el Consell Assesor per la Transició Nacional, la ampliada Agencia Tributaria de Catalunya, la Agencia Catalana de Protección Social, etc., que invaden competencias del Estado. Hay que poner cerco a todo el entorno político-asociativo (AMI, Consejo de Cargos Electos, etc.) que se alimenta de fondos de la Generalitat, y escudriñar al céntimo las cuentas de Omnium, ANC, Cercle Català de Negocis, etc. En pocas palabras, el Estado tiene que impedir que los cargos de la Generalitat, los partidos secesionistas y sus grupos parlamentarios, las Diputaciones, los Ayuntamientos, etc., desvíen recursos públicos a asociaciones y actividades cuyos fines son contrarios al ordenamiento constitucional. ¡Lo menos que podemos exigir a quienes pretenden dar un golpe de estado es que corran con los gastos!
Es hora de que los responsables de las instituciones del Estado tomen la iniciativa y expliquen a los españoles y a la comunidad internacional que no van a tolerar el chantaje de políticos desleales que no respetan siquiera el ordenamiento jurídico del que emana su propia legitimidad, y se jactan de incumplir las sentencias de los Tribunales. 
* Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico. Universidad Autónoma de Barcelona.

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