La desconexión

o cabe duda que el Gobierno de la Generalitat, el Parlament catalán, cientos de ayuntamientos y centenares de miles de ciudadanos de Cataluña se han decidido a cruzar el Rubicón de la ruptura con el Estado español, convocando una consulta popular, de nula legalidad, y aprobando unas leyes de desconexión, anuladas  por el Tribunal Constitucional, para proclamar, unilateralmente, la República de Cataluña. Yo no dudo de la legítima pretensión de todos los partidos independentistas de Cataluña, de Euzkadi, de Galicia o del resto del Estado de las Autonomías, de obtener la independencia, pero siempre que se respeten las leyes vigentes y que los métodos utilizados para ello sean legítimos, dialogados y consensuados con el resto de las fuerzas políticas de signo contrario. Tampoco me cabe duda que la Constitución española no es inamovible y puede ser modificada si se cumplen los supuestos contenidos, a tal fin, en el propio texto legal de la Ley Suprema.
Lo cierto es que el casi “eterno” y nunca solucionado encaje  político y estructural de las diversas nacionalidades, comunidades o regiones que integran España, sigue ocasionando periódicas tensiones y conflictos que quiebran la buena convivencia que debe existir entre todos los ciudadanos del Estado. Desde la entrada en vigor de las Constituciones  de 1931 o 1978 nunca se logró el consenso necesario para otorgar la soberanía y la capacidad de autodeterminación de las Comunidades históricas, pese al intento de obtener la independencia durante la II República, por parte de Cataluña, primero en 1934, y luego junto con Euzkadi, en un intento político soterrado, ya durante la Guerra Civil de 1936-39. Ambos intentos, se vieron frustrados por la enérgica oposición del gobierno y la presidencia de la República. En un momento determinado de los conflictos independentistas del Gobierno de la Generalitat, entonces presidida por Lluís Companys, el jefe del gobierno republicano español, el Dr. D. Juan Negrín, llegó a decir  a Azaña que prefería que ganase Franco  la guerra antes de consentir la independencia de Cataluña. Ambos eran, como es sabido, políticos de izquierda Al actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, o a cualquier otro que fuese, de cualquier otro partido político, no le queda más remedio que hacer cumplir las leyes y la Constitución. No cabe otro camino a seguir, ante la manifiesta voluntad de ruptura, caiga quien caiga, por parte de los actuales dirigentes políticos del “Junts per el Si” y buena parte de la sociedad catalana, bien por firme convicción independentista o por cantos de sirena de no se sabe en qué tono suenan. Creo, sin temor a equivocarme, que el 1 de octubre habrá urnas en Cataluña, habrá Colegios Electorales, se constituirán las Mesas con voluntarios y habrá papeletas. También creo que habrá una intervención enérgica de fuerzas de Seguridad del Estado, posiblemente ajena a los Mozos de Escuadra, que tratarán de hacer que se cumpla la ley y las órdenes judiciales o gubernamentales. Probablemente habrá conflicto social, de imprevisibles consecuencias. Pero lo que sí creo seguro es que, aunque se produzca la proclamación unilateral del la República Catalana, los efectos internacionales serán nulos. La independencia no será reconocida por ningún país serio. Al menos en este intento ilegal