Las promesas en política

El error puede perdonarse, disculparse y rectificarse o corregirse; el engaño, por el contrario, ni se perdona, ni se disculpa y el daño que causa es irreparable. El error es involuntario; el engaño es deliberado e intencional.
En política se pueden cometer errores, como en cualquier otra actividad humana; pero lo que no es aceptable es defender como cierto lo que consta y se sabe que es falso. Incluso pueden explicarse las promesas incumplidas, pues forman parte del proselitismo político y se formulan con el deseo de que se cumplan en el futuro, lo que en sí mismo no niega ni afecta a la realidad del momento en que se anuncian y pronuncian.
Las promesas constituyen la columna vertebral de los programas y propaganda política. Es impensable un programa electoral que no contenga promesa alguna. El “programa” lo define la Real Academia Española de la Lengua, en su segunda acepción, como la “previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión”.
Según lo anterior, no puede extrañarnos que, en el paroxismo de las contiendas electorales, las opciones políticas en liza se esfuercen en superar a sus oponentes por el número de promesas que contienen en sus respectivos programas. Más aún, se trata de lo que podríamos llamar un pugilato sobre “quién da más” o mejor dicho “quién promete más”. Y esto, la ciudadanía lo asume como natural y el electorado como necesario para formar libremente, su juicio, valoración y sentido del voto.
Todo lo anterior se entiende sin que medie error o engaño en su planteamiento. Por eso, el “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez, en los albores de la democracia, no entraña ningún engaño, pues es innegable que con esa frase lo que quería decir su autor era el “poder prometer” y no las seguridad de conseguir “lo prometido”. Y al recalcar lo “prometo” quería significar su propósito de alcanzarlo. En una palabra, se trataba de una previa declaración de voluntad sobre un proyecto político, cuya realización y resultados, el tiempo se encargaría de juzgar.
Los programas, tanto de los partidos, como los electorales, contienen sendas declaraciones de voluntad sobre los fines y objetivos que los políticos se proponen alcanzar con la acción de gobierno. En consecuencia, se trata de compromisos políticos, sin valor jurídico. Sus incumplimientos no están sujetos al control jurisdiccional, ni pueden exigirse por dicha vía. El único control posible es el parlamentario o el que resulte de las próximas elecciones.