l próximo día 19 de noviembre jueces y fiscales irán a la huelga. La causa no solo es una reivindicación salarial sino también la falta de medios en la Justicia. Reclaman tanto medios materiales como personales. Un funcionamiento eficaz en la tramitación de los asuntos. En resumen: un sistema operativo propio del siglo XXI y no del XIX. Esto el algo que se viene reivindicando desde hace tiempo pero que no acaba de cuajar. Con la entrada en vigor de la ley de enjuiciamiento civil, allá por el año 2001, se impuso la grabación de los juicios e incluso la posibilidad de que las partes, testigos y peritos puedan declarar a través de videoconferencia. Es decir, para entendernos, a través de un plasma en el juzgado correspondiente a la localidad en la que resida el declarante en cuestión. Esto que fue aplaudido y jaleado como si de verdad la cosa avanzara, diecisiete años después nos encontramos con que las salas de videoconferencias son escasas, se suspenden las vistas porque el sistema de “IP” entre juzgados no resulta compatible y ya no digamos cuando se pide más una declaración en diferentes juzgados, porque esto es tarea imposible. Además de lo anterior, las novedades legislativas fueron colocando palos en la ruedas. Entra en vigor la Ley de Tasas del ministro Gallardon en el año 2013, con el objetivo principal de limitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y una burda pretensión de “rebajar” los asuntos en los juzgados, como si se tratara de un “vicio” eso de acudir al juzgado. El daño fue mayúsculo porque el justiciable va a rebufo y aun ahora pregunta de “cuanto es la tasa”. Se eliminó por el Sr. Catalá en febrero de 2015, quien crearía como novedad el “cero papel” en el año 2016 y que supuso el gasto de un 30% más de papel. 
Vamos, que la cosa sigue igual, de ahí que los jueces y los fiscales reclamen una modernización real tanto para ellos como para los funcionarios. Estos, en Galicia ya sostuvieron una huelga de unos tres meses que fue ralentizando y paralizando el funcionamiento de los juzgados que si ya, antes de la huelga, iban lentos, pues dejaron de ir. Simplemente no iban. Aunque, también debe decirse, que después de la huelga, el “sistema” siguió colapsado. 
Es una máxima consolidada y admitida que la justicia se aleja cada vez más del ciudadano, lo que asienta la creencia de que cualquier reivindicación se soluciona mejor fuera del juzgado que dentro. 
Y las consecuencias de todo esto, no las padece sólo el justiciable sino también la empresa auxiliar de la Administración de Justicia. Los colectivos auxiliares: abogados y procuradores. Los parias. Los grandes olvidados. Los que aguantan y pueden con todo porque no les queda otra. El “cliente” a quien primero pregunta es a su abogado, elegido en confianza, y del que empieza a desconfiar creyendo que “no se mueve” cuando lo que realmente va a ritmo de babosa es la maquinaria de la justicia. Abogados y procuradores cobran del cliente, carecen de otro pagador, quien tiene todo el derecho a rechazar o negar el pago de facturas si no ve resultados, si el asunto no avanza o si no hay sentencia, por poner ejemplos. 
De ahí la dificultad para protestar de este colectivo, o la de solidarizarse con las reivindicaciones tan legítimas que se están a realizar: hay que vivir y subsistir a costa de aguantar. Asuntos que se enquistan y que por más empatía que se le ponga, el retraso no puede entenderse como razonable. 
No cabe duda, pues, que los jueces y fiscales tienen mucha razón en sus reivindicaciones, ni que los funcionarios están legitimados para exigir mejoras. Vamos, que todos tienen razón. Y también los colectivos auxiliares de la justicia, Abogados y Procuradores, comparten sus reivindicaciones. Seguimos con una Administración de Justicia saturada, atascada y carente del más mínimo avance tecnológico. 
Emma González es abogad