Ahora, la política

a hay sentencia firme, ya hay condenados por sedición y malversación de fondos públicos, habrá recursos de amparo al Tribunal Constitucional para dirimir si se vulneraron derechos constitucionales fundamentales que, si se deniega, los sentenciados culpables podrán elevarlo al Tribunal europeo de Derechos Humanos. Y aquí acaba la labor de la Justicia. Más allá no irá el proceso. Entonces, ahora toca que la política tome el protagonismo una vez superado el periodo de revueltas callejera amparadas sotto voce por el Gobierno catalán y celebradas las repetidas elecciones generales. 
Volveremos a escuchar al independentismo que estamos ante una sentencia política por lo que habrá que recordarles, hasta la saciedad, dos hechos. Primero, nuestra Constitución garantiza la separación de poderes, base del funcionamiento de un Estado social y democrático de derecho, y que así es nuestra realidad institucional, afortunadamente. Segundo, en el verano de 2017 la mayoría secesionista en sede parlamentaria catalana menoscabó derechos parlamentarios, transgredió el normal procedimiento para la aprobación de normas jurídicas y cometió un sinfín de irregularidades para imponer una Asamblea Constituyente con la anulada aprobación de las inaplicables leyes de referéndum y transitoriedad, culminando en octubre de aquel año con el intento de celebración ilegal de la consulta, incumpliendo el propio Estatuto de Autonomía.
El independentismo catalán podría reflexionar sobre los dos y ser conscientes que no pueden poner de rodillas al Estado social y democrático de derecho que nos dimos hace más de 40 años, catalanes incluidos. 
Tampoco, se va arreglar nada si hacemos caso a los que suben el tono reclamando quitar competencias a la Autonomía catalana, como es la política penitenciaria. Es echar más leña al fuego.
Por lo tanto, como decía, llega el tiempo de la política. Una vez constituido el nuevo Gobierno de España, lo primero es serenar los ánimos y entender que enrocándose cada cual en su posición no se llegará a ninguna parte. La solución llegará si se abre el diálogo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias para consensuarla. 
En mi opinión, la luz se puede abrir si se logra un acuerdo político que pivote sobre tres ejes: Una reforma constitucional que ponga al día la organización territorial del Estado español, un nuevo sistema de financiación autonómica y una reforma del Estatuto catalán que supere los desencuentros de la última modificación. Los tres, en mayor o menor medida, afectan a todo el país.
No será un camino de rosas. Pero, ¿qué otra cosa se puede hacer?
ramonveloso@ramonveloso.com