El tercer grado

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La salida de la cárcel de Ángel Carromero, miembro de Nuevas Generaciones, fue posible tras la obtención del tercer grado, o régimen abierto, que le concedió Instituciones Penitenciarias, tras un informe favorable de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Segovia. Ingresó en prisión el pasado 29 de diciembre y ha sido excarcelado el día 11 de enero.

Sorprendente como poco. Ello, con independencia de las circunstancias por las cuales fue condenado. Se justifica abundantemente que en nuestro país los hechos que motivaron la condena resultan impunes. Pues bien, si tenemos en cuenta que no es posible confiar en el sistema cubano por su opacidad, resulta que solo cabe apelar a los datos que proporciona el propio condenado, lo que, a todas luces, se aleja bastante del criterio de aplicación de un sistema de Derecho. Se afirma que es inocente. Todo apunta a ello, aunque en el momento que vivimos cualquier información queda bajo sospecha. Por lo tanto, el Sr. Carromero es un presunto inocente y no un presunto culpable.

Y ello porque si se prueba la culpabilidad o la inocencia, se deja de ser presunto de lo que sea. Y en estricta sintaxis jurídica ni los medios ni las autoridades pueden decir que una persona es culpable aunque la agarren con las manos en la masa, sin un juicio previo.

En este caso, pues, se parte de una condena “presuntamente injusta”. No obstante, con independencia de tendencias políticas, llama bastante la atención la celeridad en el traslado a España y consiguiente tramitación de este tercer grado. Cualquier español, condenado por delitos cometidos en el extranjero puede ser trasladado a su país para cumplir su condena, en función de las condiciones que establezcan los convenios entre los países. Los trámites para el traslado suelen durar un año o año y medio. En este caso fueron cinco meses. Una vez en España e ingresado en prisión, vigilancia penitenciaria valora la clasificación en tercer grado. Y ello porque la finalidad que la Constitución otorga principalmente a la pena de prisión es la reeducación y la reinserción social de las personas condenadas.

Para la consecución de estos objetivos reeducativos la cárcel utiliza un conjunto de actividades terapéuticas, educativas y deportivas que constituyen lo que legalmente se define como tratamiento penitenciario. Y a cada preso se le asigna una situación penitenciaria (grado) –régimen cerrado (clasificados en primer grado), ordinario (clasificados en segundo grado, también aplicables a los detenidos, presos preventivos, penados sin clasificar porque aún no se haya recibido el testimonio de la sentencia, penado sin clasificar que tenga decretada simultáneamente una prisión preventiva), y abierto (clasificados en tercer grado).

La clasificación, pues, en tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades. Y cualquier persona, cuya pena no sea superior a cinco años, en principio, se puede clasificar en tercer grado. El único requisito que se establece es la necesidad de que exista un tiempo suficiente de estudio para que el centro penitenciario obtenga un adecuado conocimiento del penado que le permita valorar las variables intervinientes en el proceso de clasificación.

Sin embargo, un tercer grado, con carácter general y en una buena aplicación del régimen penitenciario, tarda en tramitarse unos tres meses como mínimo. Aquí se ha tardado escasos doce días. De ahí la certeza de que se ha otorgado un trato de favor. Y esta afirmación no resulta discutible, se mire como se mire. Se le considere culpable o inocente. En cualquier caso es un preso español condenado en un país extranjero por la comisión de un delito, que ha venido a cumplir condena en su país.

Totalmente lícito. Justificada la tramitación del tercer grado. Eso sí, en un tiempo record, digno del Guiness. Definitivamente, eso de que la justicia es igual para todos constituye una falacia. Todo depende del padrino.

El tercer grado