la Unión Europea, en un informe (de hace unos cinco años) del Comité de Protección Social que aglutina a representantes de todos los Estados miembros y la Comisión Europea, señalaba categóricamente que “una de cada cinco personas en la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Un número tan alto de personas viviendo al margen de la sociedad debilita la cohesión social y limita el potencial de los europeos. Esto es especialmente dañino en un período en el que los Estados miembros trabajan para garantizar la recuperación tras las crisis económica y financiera”. “Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se habían comprometido a sacar a 20 millones de personas como mínimo del riesgo de pobreza y exclusión social en 2.020”. 
Ahora se está gestando otra nueva crisis y con un número mayor de personas en riesgo de pobreza. El problema es que, cada vez, la sociedad está más desestructurada y la riqueza se concentra en manos de unos pocos privilegiados, mientras que la clase media pierde peso específico. 
Uno de los ejemplos más extremos con que se encuentran las familias que viven en la pobreza o en situación de exclusión social es la carencia de hogar, la privación de vivienda, así como la exclusión financiera. Si bien es cierto que el acceso a un alojamiento asequible es una necesidad y un derecho fundamental, en varios estados miembros de la UE (España es uno de ellos) sigue siendo bastante complicado garantizar este derecho. Asimismo la exclusión financiera puede impedir a una persona conseguir trabajo, crear una empresa o acceder a otros servicios fundamentales.
La realidad es que la reciente crisis social y económica ha puesto a los sistemas de protección social ante el reto, sin precedentes, de afrontar unos niveles de exclusión social crecientes con unos recursos públicos limitados.