Urbanismo y políticos locales

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Pudo haber hilado un poco más fino, pero al menos propuso algo, lo cual ya es mucho. Me refiero al secretario general del PSdeG, Gómez Besteiro, y a su idea de apartar a los cargos políticos de las mesas de contratación y de los procesos de selección de personal como medida preventiva frente a prácticas corruptas.
Así se recogerá en una iniciativa que los socialistas llevarán al Parlamento de Galicia. La intención parece buena. Pero muchos argumentan y no sin razón que ello pudiera suponer una criminalización apriorística y gratuita de la clase política, sobre la que se extendería ya de entrada un manto general de sospecha.
En la misma línea habría que enmarcar la pretensión de trazar en la Administración local una más clara divisoria entre la dirección política y la gestión diaria en el ámbito del urbanismo. Como se sabe, este área pasa por ser una de las más tentadoras, donde la relación Administración/administrado suele ser próxima y directa y donde la corrupción, por tanto, podría tener el terreno más abonado.
No obstante, la opinión de los alcaldes no va por ahí, tal como hace poco se puso de relieve en la Comisión parlamentaria que elaboraba la nueva ley del Suelo. Ante ella, los representantes de los ayuntamientos allí convocados para ilustrar a sus señorías coincidieron en reclamar todo lo contrario; es decir, una mayor autonomía de los Concellos en la toma de decisiones sobre urbanismo.
Siempre se ha dicho que la Administración competente debe ser en principio la que con mayor eficacia y cercanía pueda atender las necesidades de los administrados. Es el caso, por ejemplo, de los servicios sociales locales, aunque a partir de la reforma  aprobada pasen a ser ahora gestionados por las comunidades autónomas.
Pero en materia de urbanismo, habida cuenta de la complejidad de las actuaciones y de la recomendable coordinación con otras áreas territoriales no son pocos los que abogan por poner este área en manos de una Administración superior, en teoría más imparcial y mejor capacitada para la gestión.
Sea como fuere, lo que sí parece claro es que el festival de imputaciones que se vienen produciendo en nuestra comunidad está preocupando y mucho a los más altos responsables políticos. Son tantos los presuntos casos y tan notorios algunos de los personajes presuntamente afectados que PP y PSOE andan haciendo equilibrios para no tener que actuar urgiendo dimisiones, acordando ceses o disolviendo Corporaciones.
Feijóo y Besteiro coinciden en señalar en que ello sería inevitable si el juez de turno llegara a adoptar medidas cautelares. Pero eso es como no decir mucho porque en estos casos en muy pocas ocasiones se han considerado necesarias. Más bien parece que uno y otro no saben qué hacer.

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