Condena unánime en el Parlamento a la clausura de Siemens Gamesa

Condena unánime en el Parlamento a la clausura de Siemens Gamesa
El parlamento exige la paralización del ERE y la formación de una mesa de trabajo para la planta de As Somozas | archivo

El Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad una proposición no de Ley presentada por el grupo popular para solicitar al Gobierno central que suspenda los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de los trabajadores de Siemens Gamesa en As Somozas y que forme una mesa de trabajo conjunta para abordar la situación. La propuesta, además, busca instar tanto al ejecutivo central como a la Xunta a que pongan en marcha “los mecanismos a su disposición” para parar el proceso de cierre, garantizando el empleo e incentivando la modernización de las instalaciones para así hacerlas competitivas y poder generar carga de trabajo.

El Partido Popular, impulsor de la iniciativa, expresó su apoyo a la plantilla –a cuyo comité de empresa invitó a la sesión– y se comprometió a “facer todo o posible para axudar na súa loita por continuar traballando”. Los populares calificaron de “deslocalización inadmisible” la decisión de la empresa, instando al Ministerio de Trabajo a que revise los expedientes de empleo presentados dado que, aseguran, la empresa cuenta con “propostas de pedidos enriba da mesa” que permitirían la continuidad productiva.

Por su parte, el BNG reiteró que la solución al problema parte de vincular las concesiones, por ejemplo, para el establecimiento de parques eólicos a proyectos que supongan un “retorno económico e social”. En este caso supondría que el acceso a los nudos de descarga podría ligarse al uso de tecnologías producidas en Galicia, estableciéndose sinergias entre las diferentes empresas.


Paralelamente, la eurodiputada Sira Rego adelantó por medio de su perfil oficial de Twitter la solicitud a la Comisión Europea de una reunión de urgencia con los comités de empresa de As Somozas y Cuenca tras el anuncio por parte del Banco Europeo de Inversiones de un préstamo de 300 millones de euros a la compañía poco después de presentar los mencionados EREs.


Endesa

La situación de la central térmica de Endesa también fue objeto de debate en la sesión de ayer. El BNG, por un lado, instó al gobierno gallego a que “concrete o proxecto de biocombustibles” ante la afirmación de que el uso de combustibles alternativos en la planta de As Pontes era viable técnica y medioambientalmente. Los nacionalistas pidieron a la Xunta que aclarase “cuestións de vital importancia”, tales como el número de grupos que podrían permanecer activos; el precio energético derivado de este cambio de generación; o, en caso de usar lodos, qué origen tendrían estos.


El BNG, además, reiteró la necesidad de contar con un plan alternativo en caso de que Endesa rechazase cualquier propuesta o que incluso mediante el uso de biocombustibles la viabilidad de las instalaciones no fuese óptima desde el punto de vista del empleo. “Nos parece razoable contar con alternativas e, sobre todo, parécenos unha obriga do goberno galego implicarse nunha crise que non só afecta ao emprego dunha vila e dunha comarca”, apuntaron. Por ello, los nacionalistas solicitan “impulsar” el convenio de transición “con investimentos orzamentados”.


Crisis industrial

Por su parte, el PSdeG presentó una moción, que no salió adelante por los votos en contra del PP, para reclamar a la Xunta que “exerza as competencias propias en materia de industria”. Los socialistas acusaron al gobierno autonómico de “manterse como mero espectador” de la situación industrial de Ferrolterra. En concreto, el PSdeG afeó que no se contase con un plan de contingencia ante el cierre de Endesa, proponiendo a la Xunta un rol activo “na captación de fondos europeos de reconstrucción” o en la elaboración “dun plan industrial para a comarca”.


Por último, el propio conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, tomó la palabra a petición propia para reiterar “o ofrecemento da Xunta a colaborar co Goberno para solucionar os problemas industriais”. Conde apuntó a que el ejecutivo autonómico “segue disposto” a unir esfuerzos “para que o uso de biocombustibles sexa viable económicamente”, instando al Gobierno a no autorizar el cierre de la planta para salvaguardar no solo los empleos directos, sino también la industria auxiliar y a los transportistas. 

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