9º-17º
martes | 23 abril | 2024
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó a declarar como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola Llados para el 10 de febrero, tras aceptar la investigación de un juzgado de Barcelona sobre la fortuna oculta en Andorra que vinculaban a la herencia del abuelo Florenci.
El magistrado dictó trece autos en los que impulsa la causa en la que investigaba el patrimonio del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola y en la que mantenía imputados a sus hermanos Pere y Josep, al considerar que la familia orquestó “durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos”.
De la Mata sumará así a su investigación al matrimonio Pujol-Ferrusola y a sus hijos Marta, Mireia y Oleguer, que permanecían imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, del que es titular la magistrada Beatriz Balfagón, que se inhibió por razones de conexidad a favor de la Audiencia Nacional.
De este modo, interrogará el 10 de febrero al ex jefe del Gobierno catalán a las 10.00 horas y a su esposa para las 11.30 horas; mientras que escuchará el día siguiente a las 10.00 horas a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien ha pedido declarar a petición propia.
El magistrado acordó también citar a declarar como testigos el 9 de febrero al empresario Sebastián Vives Sancha, presidente en Life Global Group; al promotor inmobiliario Manuel José Nadal y a dos representantes de distintas compañías que obtuvieron contratos con la Generalitat, José Ramón Ruiz y Francisco Javier Vizcaíno.
Además, De la Mata ordenó a FCC Construcción S.A. que aporte “todos los informes, correos y demás documentos” que acrediten el contenido y el cumplimiento de un contrato que suscribió esta empresa con el considerado testaferro de la familia Pujol, Herbert Rainford Towning, en enero de 2006.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca que los vínculos, las pautas “comunes” de comportamiento, la “asignación de roles” y el reparto de cantidades “multimillonarias” en función de los ingresos que recibían en cuentas bancarias “ocultas” en el extranjero y su “particular sistema de rendición de cuentas para controlar” esa distribución de fondos, revela la existencia de “un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación”.
El magistrado relata que el primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer, Mercé Gironés, son titulares en Andorra de varias cuentas corrientes cuya existencia negaron y de las empresas Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Traslation e Inter Rosario Port Services, que facturaron más de 11 millones de euros, no generaron ningún valor real añadido y su “única utilización fue canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y el extranjero”.
Según señala, la pareja utilizó un entramado societario bajo la cobertura de “contratos simulados y facturas falsas” y sus cuentas recibieron traspasos de dinero que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña”.
