La interrumpibilidad, un sistema cuestionado en tiempos de crisis

El problema de Megasa surgió cuando a finales de diciembre del año pasado el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aprobó una orden que regulaba las bonificaciones en la tarifa eléctrica para los grandes consumidores, es decir, para aquellas industrias que estaban dispuestas a interrumpir su actividad  y, por lo tanto, su consumo energético, en el caso de que peligrase el suministro doméstico. Esta situación, explicó ayer Bascoy, tenía su lógica en los momentos en los que la producción eléctrica fuese pareja a la demanda, pero no en la actualidad, puesto que esta es sustancialmente inferior a la generación.
Hasta la aprobación de esa orden, todas esas empresas recibían una bonificación de 20 euros el megavatio consumido. Sin embargo, la amenaza de deslocalización de Alcoa en el caso de no ver reducida su factura eléctrica llevó al Gobierno a aprobar una nueva orden que creaba una bonificación mayor –35 euros por megavatio– para las firmas que superasen un consumo mínimo de 100 Mw. Megasa no alcanza esas cifras, pero sí otras empresas que desarrollan su misma actividad –fabricación de acero corrugado–, como Celsa Barcelona. Esta, ahora, se beneficia de esta bonificación especial, por lo que paga hasta un 75% menos por la electricidad que consume. Cabe recordar que la tarifa eléctrica representa un 25% de los costes de producción. n redacción