Fiscalía pide 19 años para Urdagarín y Manos Limpias 8 para la Infanta

La Infanta se personó ayer en Palma de Mallorca para continuar la vista epa
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El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantuvo ayer su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, mientras el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, acordó mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa.
La Infanta Cristina y los otros 16 acusados del caso Nóos se desplazaron ayer a Palma de Mallorca para estar presentes en la sala en la que se celebra el juicio de la causa, en el que las acusaciones debían dar a conocer si mantenían o modificaban sus peticiones de pena para los inculpados.
Tras más de tres meses ausentes del juicio mientras se practicaba la prueba testifical –con la declaración de más de 300 personas– y pericial, la Infanta, su marido, Iñaki Urdangarin, y los demás acusados se tuvieron que personar en la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), en el Polígono Son Rossinyol de la capital balear, donde se celebra la vista desde que arrancó el 11 de enero.
En el caso del ex duque, el fiscal ha mantenido su petición de 19 años y medio de cárcel y la de 16 y medio para su exsocio por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.
Según informaron fuentes jurídicas, el representante del Ministerio Público decidió no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada. El fiscal dio a conocer estas conclusiones en presencia de los 17 acusados que se sientan en el banquillo y que ayer estaban de nuevo presentes en la sala.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron “una maraña de facturación ficticia” para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”.
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas y el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis “Pepote” Ballester, entre otros.

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