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sábado | 20 abril | 2024
En Ferrol, como en otros muchos lugares del país, se da la paradoja de que existen pisos vacíos y familias sin casa, muchas de ellas con niños o personas dependientes. Es el caso de Estefanía, una mujer de 26 años, que tiene una hija de tres y teme verse en una situación de desamparo en los próximos meses.
Aunque ha trabajado durante varios años en la hostelería, esporádicamente, dejó de recibir la prestación por desempleo hace seis meses y desde entonces no ha podido hacer frente a muchas de sus obligaciones, como el alquiler del piso donde vive con su hija y su pareja.
Teme que puedan echarla de la vivienda de un momento a otro y reclama a los Servicios Sociales del Concello de Ferrol algún tipo de ayuda. “Llevo tiempo buscando trabajo, pero no sale nada”, asegura.
Necesidad
La situación de Estefanía es particularmente complicada. Ha solicitado la Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) hasta en cinco ocasiones, desde el 2012, y siempre se la han denegado. “Me dicen que no cumplo los requisitos, pero no me dan más explicaciones”, explica.
La joven alude a varias “malas experiencias” con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y está convencida de que no le conceden la ayuda por los informes de la asistencia social que le han asignado. Algo que la concelleira de esta área, Beatriz Sestayo, ha negado rotundamente. “En ningún momento se elaboran informes desfavorables, si se reúnen los requisitos, no he visto ningún caso que no se conceda”, explicó la edil socialista a este medio. “Es más, desde que me he encargado de la concejalía, hay instrucciones claras de ser flexibles para que se concedan el mayor número posible de ayudas”, arguye Sestayo.
La primera teniente de alcalde recuerda, además, que el nuevo gobierno elevó de 18.000 a 35.000 euros la cuantía para emergencias sociales y creó una oficina antidesahucios “que ha evitado que muchas familias se queden en la calle”.
Repasados uno a uno los supuestos que el Diario Oficial de Galicia publicó en su día para conceder esta renta de inclusión social, Estefanía cumple estrictamente todos y cada uno de ellos, por eso la joven no se explica que se le haya negado esta ayuda “tantas veces”.
Su pareja y padre de su hija, también está desempleado e, igualmente, no recibe ningún tipo de prestación. Además, se la da la circunstancia de que la madre de Estefanía tendrá que abandonar la vivienda que ocupaba hasta ahora. Se trata de la casa que existe dentro del Reina Sofía. Su marido, que murió el pasado diciembre, era policía local y fue el cuidador del parque durante cuarenta años. Ahora que ha fallecido y que el parque está abierto al público, la mujer tendrá que abandonar la casa.
Listas de espera
Estefanía es una de los centenares de personas que llevan años esperando a que se les conceda algún tipo de vivienda social. Dice que “podría pagar 40 o 50 euros al mes con la ayuda de algunos familiares o amigos”, pero el tiempo pasa y, de momento, no los han podido alojar en ningún piso del parque público de vivienda.
Lo que más indigna a Estefanía –y a las personas que están en su situación– es la presencia de okupas, que “no han ido por lo legal” y que tienen un lugar en el que cobijar a sus hijos. “Lo que están haciendo los políticos es obligarnos a ocupar una casa. Y si tengo que hacerlo, lo haré”, afirma la joven.
Respecto a esto, la concejala del área de Benestar Social explicó que “existe cientos de peticiones tramitadas para viviendas sociales” y un parque limitado, además de la “deuda que el Instituto Galego de Vivenda e Solo” tiene contraída con el Concello de Ferrol.
En este sentido, hace tres años, el Valedor do Pobo recibió una treintena de firmas que sirvieron para que otras tantas familias consiguieran su ansiada vivienda social, pero desde entonces no se han asignado otras.
Actualmente, el gobierno municipal trabaja en la elaboración de un nuevo censo para regularizar la situación de muchas familias y conocer cuántas casas se encuentran realmente vacías., con el fin de poder asignarlas.
