La situación del servicio de reco- gida de basura y limpieza viaria en la ciudad, sin contrato en vigor y con facturas acumuladas, las últimas sin reconocimiento extrajudicial por no haber sido aprobadas en pleno con los votos en contra del PP; ha sido abordada en numerosas ocasiones en este mandato, sin que hasta el momento cuente con solución.
La idea de remunicipalizar el servicio dejó paso a una mancomunización y posteriormente a la idea de compartir la prestación con el vecino municipio de Narón. Ninguna de estas ideas ha dado, por el momento, sus frutos y aunque la empresa Urbaser sigue prestando el servicio, lo hace sin contrato en vigor y cobrando al ciudadano una tasa que no correspondería al no ser la adjudicataria de esa actividad.
El Partido Popular llevará esta tarde de nuevo a pleno la situación y reclama la remisión al Tribunal de Cuentas de las presuntas irregularidades que se están dando en el servicio desde que se paralizó el proceso de contratación iniciado en el mandato popular.
La portavoz del grupo popular, Martina Aneiros, recordó que el gobierno de Jorge Suárez “recibió un procedimiento de contratación de este servicio que no ha finalizado, lo ha paralizado por la vía de los hechos sin ninguna resolución al respecto”.
Así, hizo memoria sobre el procedimiento, indicando que el proceso de contratación celebró una mesa el 24 de abril de 2015 y procedió a la admisión de siete licitadores, procediéndose posteriormente a la apertura de la documentación técnica. Tres años después, no se continuó con los trámites legales ni se renunció al contrato en marcha.
Así pues, explicó Aneiros, “estamos ante un procedimiento que no ha finalizado y con un servicio que genera convalidaciones extrajudiciales de crédito todos los meses, una situación irregular advertida tanto por la intervención como por informes de secretaría que aluden a posibles responsabilidades patrimoniales, contables y penales de los órganos administrativos que hayan fomentado o amparado esta cobertura a tan irregulares prácticas, es un fraude de ley”.
En la comisión de Urbanismo y Servizos celebrada ayer, según explicó la portavoz popular, se volvió a insistir sobre el estado del procedimiento de la posible renuncia al contrato y “hoy nos dice el gobierno que sigue pendiente su redacción porque no sabe qué área tiene que hacerlo, un ejemplo más del caos del gobierno de Suárez”.
Por esta razón, el PP pide que se de traslado de los expedientes de reconocimiento extrajudicial –que suman más de 2,5 millones de euros– al Tribunal de Cuentas para que este órgano fiscalizador se pronuncie.
Además, los populares alertan sobre el estado del servicio, con parte de la maquinaria con su vida útil agotada, lo que, indica, “provoca un resentimiento del servicio”.
Prórroga ilegal
El grupo municipal nacionalista también se ha referido a la moción que esta tarde el PP llevará a pleno para criticar que este grupo pida la remisión de unos informes, olvidándose de los que dan cuenta de que la prórroga del servicio que pretendía el Partido Popular “era ilegal”.
Según el portavoz de este grupo, Iván Rivas, los populares “non teñen escrúpulos” y son los culpables de dejar el servicio sin contrato. Rivas anima al PP a enviar también al Tribunal de Cuentas “os 3,3 millóns que o Consello de Contas afirmou que se tiñan adxudicado en 2013 fora da lei de contratos” También recuerda que en el mandato de José Manuel Rey Varela el 24% de los gastos se realizaban en base a reconocimientos extrajudiciales, algo que debería ser excepcional y que era habitual en el anterior mandato con el PP al frente del ejecutivo.