El Consistorio ocultó más de un mes la sentencia sobre el castro de Elviña

El Gobierno municipal recibió el pasado 8 de febrero la notificación sobre las expropiaciones en el castro de Elviña, un día después de que se dictase la inadmisión de su recurso, y más de un mes antes de que el Partido Popular la hiciese pública. 

El Ayuntamiento llevará hoy a la junta de gobierno local este asunto después de recibir el pasado 22 de marzo la providencia que declara firme la sentencia. Desde María Pita se aseguró en las últimas semanas que este trámite se realizaría en cuanto se contase con dicha notificación.
El Partido Popular hizo público el pasado 12 de marzo que el Gobierno municipal debería pagar 14,5 millones por la diferencia de precio pagado por metro cuadrado durante dos fases de las expropiaciones que se hicieron en el castro de Elviña y que tuvieron lugar en 2001. 

Ese mismo día, fuentes municipales aseguraron que el Gobierno local llevaría el fallo de la resolución a la junta de gobierno “unha vez se nos notifique a súa firmeza, cousa que, de momento, aínda non sucedeu”. En los días posteriores, el concejal de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Xiao Varela, y el alcalde, Xulio Ferreiro, se expresaron en términos similares.

La portavoz del Partido Popular, que fue la encargada de hacer público el auto del Tribunal Supremo y la cantidad que tendría que abonar el Ayuntamiento, aseguró que el Gobierno local no había dado a conocer la sentencia con el objetivo de utilizarla con fines electorales. 

Desde el Ayuntamiento se rechazó esta estrategia y se aseguró que se llevaría a la junta de gobierno local cuando tuviesen confirmación.

El Partido Popular denunció hace algo menos de un mes que la Marea Atlántica no había dado a conocer esta sentencia para poder utilizarla con objetivos electorales contra el Partido Socialista, que es quien gobernaba cuando se produjeron las expropiaciones.

Ahora, mes y medio después de que el Gobierno municipal recibiese la notificación de la sentencia por la que se inadmite su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se dará conocimiento del asunto en la junta de gobierno.

Lo que todavía se desconoce es cómo hará frente el Gobierno local a los 14 millones de euros que quedan por pagar con este asunto, ya que una pequeña cantidad ya se habría abonado en los últimos años.

La ausencia de un nuevo presupuesto y la existencia de un modificado en tramitación complican el poder hacer frente a esta cantidad en solo un año.