El nuevo espacio de transparencia abierto en la web de la compañía pública Navantia ofrece un acceso más fácil –este ya existía a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público– a la relación de contratos suscritos con empresas auxiliares. De momento se ha incluido un listado en el que aparece el objeto del pedido, adjudicatario, importe inicial y el de la modificación, en los casos en los que los hay, y el modelo de licitación.

Entre enero de 2014 y abril de 2015 Navantia contrató obras y servicios por valor de 174.626.993,69 euros y solo un 0,68% de este gasto se adjudicó mediante un concurso público de procedimiento ordinario.

Según la información que recoge Navantia en su web, el procedimiento ordinario se utilizó para contratar obras o servicios por un montante total de 12.000.763,38 euros en el citado plazo de un año y cuatro meses. El modelo de contratación por el que se realizó un volumen más importante de pedidos fue el negociado sin publicidad, que en el mismo plazo se utilizó para refectuar compras por valor de 89.883.331,83 euros, el 51,47% del importe total. A continuación está la petición de ofertas, que se utilizó para costear obras o servicios por un montante total de 72.742.898,48 euros, el 41,65%.

En el listado aparecen todas las compras, desde la de una eslinga por 15 euros hasta grandes paquetes de obra de pintura o electricidad en alguno de los programas en marcha, por prespupuestos de entre dos y tres millones de euros. Se puede consultar también el número de licitadores que optaron al proceso, que fue solo uno en muchos casos. Fuentes vinculadas al sector señalaron que los procedimientos empleados se ciñen a la Ley de Contratos del Estado y que son normales en una compañía en la que muchas veces hay que resolver un pedido en horas, como es el caso de muchos trabajos en el área de reparaciones, o que por su complejidad requieren la negociación directa con los licitadores antes de concretar una oferta.

Buzón

La sección de transparencia de la web de Navantia pone a disposición de los ciudadanos una dirección de correo electrónico para que los interesados puedan solicitar información que no esté publicada, dentro de los límites que marca la ley.