Casi un millar de personas, entre trabajadores activos, pasivos y vecinos, se manifestaron durante la mañana de ayer en As Pontes en protesta por el estado de las negociaciones del IV convenio marco de Endesa, tras ser estas paralizadas por la empresa a finales de 2018 y retomadas meses después.

La compañía, otrora pública y ahora de capital italiano, planteó meses atrás la eliminación de buena parte de los beneficios sociales como parte del nuevo convenio –especialmente en lo referente al pago en especie por el que se abona cierta cantidad del salario o pensión en electricidad para la vivienda–, lo que llevó a la parálisis de dicha negociación y el final del período de ultraactividad del antiguo convenio.

Así, buena parte de los afectados –especialmente el personal pasivo, gran afectado por la medida–, a los que se sumaron figuras de la política gallega como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, o la diputada electa por el PSOE, Montse García, marcharon por las calles del municipio pontés exigiendo una solución a una situación que, tras no ser avalada por la Audiencia Nacional, será recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza.

Negociaciones estancadas
El secretario del Sector Energético de UGT-FICA Galicia, Nicasio Pena, aseguró que desde el comité de empresa “estamos dispuestos a sentarnos a negociar y llegar a un acuerdo” y que “la gente está muy involucrada”, pero que para que el nuevo fructifique “la otra parte también tiene que estar de acuerdo”.

Tal y como señala Pena, el tiempo corre en contra de los trabajadores, dado que “tenemos hasta el 30 de junio, que es donde pusieron el tope para, si no llegamos a ningún acuerdo, pues la empresa a aquellas personas que son pasivas (...) comenzará a ejecutar el tema”. El responsable del sector puntualiza que “hace dos semanas que [el comité de empresa y la gerencia de la compañía] no tienen reuniones y la próxima será el día 14”, criticando además que los encuentros “son de una hora” y que dicha duración “no tiene mucho sentido” teniendo en cuenta la importancia de la misma.

Descapitalización
Dos de las mayores críticas vertidas contra la empresa desde su adquisición por parte de Enel son el presunto proceso de descapitalización que está sufriendo la antigua compañía pública española y la transformación en dividendos de la práctica totalidad de los beneficios generados por la misma, que terminan en manos de los inversores italianos.

En referencia a esto se expresó Ana Pontón, que denunció que la empresa había generado 363 millones de euros durante el primer trimestre del año –un resultado un 2,4% inferior al obtenido en el mismo período de 2018– y cuyas previsiones para todo el año alcanzan los 1.500 millones de euros. “O que estamos a ver en As Pontes é un exemplo de manual dunha empresa que quere seguir enriquecéndose a base de quitar dereitos e salarios ós traballadores”, señaló Pontón, que a su vez exigió a la Xunta “unha acción firme e decidida” y que “presione a Endesa” para acabar con el conflicto y que se firme un nuevo convenio colectivo.