Desahuciada una familia de Ferrol por el impago del alquiler y las facturas

Una familia monoparental de Ferrol fue desahuciada ayer del domicilio en el que vivía de alquiler tras pasar casi un año y medio sin abonar la renta ni las pertinentes facturas del inmueble. Los inquilinos, una mujer y sus cuatro hijos, no se hallaban presentes durante el desalojo al encontrarse ella ingresada en el hospital dando a luz.

El procedimiento, paralizado seis meses atrás por el juez que instruía la causa al estar la mujer a cargo de cuatro menores, tuvo lugar a las 11.45 horas de ayer en el tercer piso del número 1 de la travesía de Moreno. Durante el mismo se congregaron frente al edificio múltiples representantes de las entidades Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que increparon a los agentes de la Policía Local y a los trabajadores judiciales por participar en el desalojo.

El portavoz de uno de estos entes, Ignacio Martínez, señaló durante la operación que la arrendataria de la vivienda se encontraba “en una situación de necesidad de emergencia residencial, social y económica, que requiere de una solución ya y sin demora”. Martínez dijo, además, que desde hace más de un año la inquilina se encuentra en situación de desempleo, cobrando una prestación económica de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), además de una pensión de manutención de 200 euros por parte del padre de los cuatro menores.

Ignacio Martínez señaló, además que, “su caso fue puesto en conocimiento del departamento de servicios sociales del Ayuntamiento de Ferrol en mayo de 2018, solicitando un informe de vulnerabilidad”, pero que aún así “la búsqueda de un hogar de alquiler en el mercado libre fue un fracaso, no encontrando quien le alquile una vivienda en sus actuales circunstancias”.

El portavoz de la entidad adelantó, por último, que el Ayuntamiento de Ferrol había solicitado el pasado mes de enero una vivienda de adjudicación directa al Instituto Galego da Vivenda e Solo. Sin embargo, también señaló que la petición “no fue tratada en la comisión provincial de la vivienda, por retrasarse esta y no estar señalada fecha para una próxima”.

Graves destrozos
Cuando los agentes lograron entrar en la vivienda junto con el propietario se encontraron con la otra cara de la situación. Muebles, electrodomésticos, puertas y baldosas destrozadas; envases vacíos, restos de comida y bolsas llenas de basura; montones de ropa sucia y manchas de una substancia parduzca cubriendo las paredes. Vicente, el propietario del inmueble, denunció sentirse completamente indefenso ante esta situación, añadiendo que, además de tener que afrontar el coste de reparar los destrozos, tendrá que abonar más de 1.200 euros del impago de las facturas de la luz, el agua y el gas.

“Nosotros somos los malos, se nos muestra como tal en los medios, pero luego tenemos que hacernos cargo de todo esto”, manifestó Vicente, claramente afectado al comprobar el estado de la vivienda. “Es por esto que los propietarios tenemos miedo a alquilar, por lo que hay pisos vacíos”, señaló, al tiempo que recordaba que, tras el desalojo, invitó a pasar a los manifestantes a la vivienda y que, al ver estos el estado de la misma, se disculparon por la situación.

Así, el propietario pidió una mayor seguridad jurídica ante estos casos y la implicación de entidades políticas y sociales para que los propietarios no se sientan desamparados y no se muestren reacios a alquilar sus pisos. Al parecer múltiples vecinos denunciaron anteriormente problemas de convivencia, poniendo como ejemplo un día en el que un hombre salió de la casa con un cuchillo para amenazar a un conductor que había aparcado frente a la vivienda.

Responsabilidad municipal
Fuentes de la Consellería de Vivenda señalaron ayer que la situación de la mujer desahuciada es responsabilidad del Ayuntamiento de Ferrol, recordando que la mujer ya contaba con el bono de alquiler social y que cualquier otra ayuda es de carácter municipal, especialmente aquellas relacionadas con la adjudicación de inmuebles de carácter social para personas vulnerables.

Así, el organismo autonómico puntualiza que se debe auxiliar a la familia “a través de su departamento de servicios sociales, a encontrar una vivienda de alquiler en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que dispone de más de un millar de inmuebles de propiedad municipal en el barrio de Recimil”.