La Comisión Informativa de Justicia Social se reunió ayer de nuevo. Su presidenta, la socialista Silvia Longueira, quiere impulsar así su Plan de Rescate Social. Pero la mesa, en la que están representados todos los grupos políticos municipales, también analizó el nuevo plan del Gobierno Local: la Renta Social. Ambos planes siguen un camino paralelo, pero Longueira señala que el  de la concejala de Justicia Social, Silvia Cameán, tiene varios defectos. Entre ellos, que puede provocar un “efecto llamada” que provoque que se empadronen en A Coruña vecinos de municipios del área metropolitana. 

La Renta Social consiste en el pago de algunas facturas básicas (electricidad, agua, gas) y la entrega de vales de comida a aquellas personas sin medios económicos, al tiempo que se les ayuda  a salir adelante con un itinerario de inclusión social. En el documento presentado la semana pasada por Cameán y el alcalde, Xulio Ferreiro, se especificaba que cualquier candidato a esta ayuda Social debía estar empadronado en A Coruña desde seis meses atrás, pero los socialistas no lo consideran un plazo suficiente y creen que podría “desvirtuar el programa”. 

Además, el Gobierno local quiere que la Renta Social tenga un plazo de seis meses, y que luego se vaya renovando. Pero Longueira considera que no es tiempo suficiente porque los procesos de exclusión social y pobreza no se solucionan tan rápido, igual que tampoco se cae en la exclusión social y en la pobreza de un día para otro. A veces, el proceso dura años y se tarda mucho tiempo en tramitar las ayudas sociales. 

salvavidas

“La Renta Social tendría que ser un puente. Entendemos que la Risga es una ayuda subsidiaria y la renta social es la que se percibe en el tiempo de espera”, señalan desde la Comisión, donde añaden que “debería entenderse como un salvavidas para la persona”. En realidad, Risga y Renta Social tienen el mismo objetivo. Por eso la Comisión considera que es necesario coordinarse con la Xunta. “Si no se da esta interlocución podemos darle al servicio de la Xunta la excusa perfecta para rechazar a receptores de la Risga y enviarlos directamente a la Renta Social”, advierten. 

Por su parte, el edil popular Miguel Lorenzo también planteó fuertes críticas al plan de Renta Social. El anterior concejal de Servicios Sociales recordó que lo único que hay es un borrador sin ningún tipo de informe técnico, “por eso solicitamos por escrito la presencia de los técnicos, para aclarar y poder aportar en positivo para mejorar la norma”.

El PP considera que esa es la única forma de poder avanzar en la mejora de este borrador y considera su ausencia inexplicable.  Lorenzo calificó de intento de “boicot” a la Comisión y a la futura norma la actitud que mantiene la Presidenta, Silvia Longueira.