11º-18º
sábado | 20 abril | 2024
La Audiencia Nacional confirmó ayer la fianza civil de 43,2 millones de euros que el juez Pablo Ruz impuso el pasado 5 de julio al extesorero del PP Luis Bárcenas para hacer frente a la responsabilidad civil que pueda derivarse de llegar a ser condenado en el caso “Gürtel”.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza así en un auto el recurso interpuesto por Bárcenas contra la fijación de esta fianza, que al no haberla abonado en el plazo correspondiente le supuso el pasado 30 de julio el embargo de varias propiedades, entre ellas su domicilio familiar en la calle de Príncipe de Vergara.
La Sala adopta la decisión al estimar que sobre Bárcenas “se acumulan serios indicios” de la comisión de delitos de cohecho “por presunta percepción” de 72.000 euros procedentes de la red liderada por Correa, “en consideración a la condición de senador que ostentaba”.
Así como de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales “por las ingentes cantidades de dinero de procedencia no acreditada” en cuentas en Suiza y otros países, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal, estos dos últimos relacionados con “la posible manipulación de un contrato de mediación y de un contrato de compraventa” de cuadros, supuestamente suscritos por la pintora argentina Isabel Mackinlay.
Al desestimar el recurso, el tribunal rechaza el argumento del extesorero de que no es el momento procesal oportuno para fijar la fianza y tildan de “absurdo e incoherente” ese argumento, ya que la ley establece que puedan acordarse tales medidas cuando existan “indicios racionales de criminalidad”.
Tampoco admite la Sala la alegación de prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública en 2002 y 2003, y que quede sin efecto el delito fiscal de 2007 por haberse acogido a la denominada amnistía fiscal, ya que esto último carece de “acreditación y conformidad por parte de la Administración Tributaria”.
Para los magistrados hay suficientes indicios de delitos “por la percepción de cantidades” de la trama que en 2002 pudieron ascender a 459.565 euros, en 2003 a 515.350 euros y en 2007 “no declaró los ingresos que aparecen en sus cuentas de Suiza”, generando cuotas tributarias “que superan con creces el mínimo de 120.000 euros anuales” en concepto de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.
